El secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro Diviazo, presentó ayer una denuncia contra el canciller Harmodio Arias por el presunto delito de peculado en el manejo de fondos para cancelar la restauración de los archivos históricos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según Montenegro Diviazo, el canciller Arias giró instrucciones para el pago de B/.44,000 a favor del contratista de inversiones y empastes Praga"s Boy, Doris Estella Corrales y Sonica Clemencia Díaz, pero las instrucciones de pago se realizaron extrañamente en dos cheques por la suma de B/.22,000 cada uno.
También señaló que a raíz de esta instrucción el Representante Permanente en la Oficina Comercial de Panamá en la República Popular de China elevó una aclaración sobre la manera de proceder de los pagos y del contratista.
A la vez explicó que la excusa utilizada por el canciller Arias para autorizar este contrato, sin estar facultado para ello, fue el ajuste del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que recurrió ilegítimamente a fondos extrapresupuestarios ubicados en el exterior sin haber obtenido las autorizaciones correspondientes ni haberse ceñido al procedimiento de selección de contratistas previsto en la Ley 56 de 1995.
También solicitó al procurador José Antonio Sossa que investigue adecuadamente estos hechos, toda vez que a la luz de las recientes declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Linda Watt, ha quedado evidenciado el alto nivel de corrupción existente en las actividades desarrolladas por altos funcionarios del actual gobierno.
Por su parte, el canciller Harmodio Arias aseguró que los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran en un estado ruinoso con polillas y hongos. Aseguró que su responsabilidad es cuidar esta historia.
Sostuvo que solicitó a la oficina comercial en Beijing que de los ahorros que tenían se tomaran fondos para restaurar la colección hoja por hoja y rescatar la historia que se está perdiendo. Explicó que se solicitó una opinión de Asesoría Legal de la Cancillería y por ende no ha faltado a la ley.
Sin embargo, el contralor Alvin Weeden ya ha explicado que la medida cautelar es por la irregularidad en la prestación del servicio y no por la ilegalidad del contrato.
Especificó que el refrendo de varios cheques girados a favor de la empresa, se dio por error, porque contradice su posición de ilegalidad del contrato de concesión y que estos documentos también tienen parte de los elementos que se señalan como responsabilidad patrimonial.
Según Weeden, estos ingresos corresponden a puertos donde la empresa Ports Engineering and Consultans, Corp., no prestó el servicio o lo hizo de forma irregular.
Por esta razón, el Contralor dijo que el concesionario no tenía derecho de apropiarse de esos recursos.
Los constituyentes además de establecer una nueva Carta Magna, dictaron leyes, nombraron y despidieron funcionarios, dirigieron las relaciones internacionales e incluso eligieron a un nuevo Presidente de la República, cargo que recayó en Enrique A. Jiménez, quien reemplazó a Ricardo Adolfo De La Guardia.
Los constituyente se autoeligieron como Asamblea Nacional, reemplazando a los diputados de esa época, sin ser electos en votación popular.
Luego que se autoproclamaron legisladores, los constituyentes pretendieron extender su período a cuatro años más y entraron en pugna con el mandatario Enrique A Jiménez, a quien intentaron derrocarlo.
La situación originó un levantamiento popular y la opinión pública, se volcó a favor del Presidente Jiménez, quien disolvió la Constituyente.
