Transparencia Internacional (TI), capítulo de Panamá, demandará al Estado panameño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si prevalecen los elementos que impiden la aplicación de la Ley de Transparencia. El directivo de TI, Saúl Maloul Zebede, expuso que el organismo espera agotar todos los recursos internos de solución.
Indica que esperan que la Corte Suprema de Justicia declare nulos varios artículos del decreto ejecutivo que reglamentó la Ley No. 6 de 2002 para la Transparencia en la Gestión Pública. "De no darse eso, TI analizará la posibilidad de presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por incumplimiento de esta ley y por la ilegalidad del reglamento", reiteró.
El planteamiento del activista por los derechos ciudadanos se da en el marco de la reciente solicitud que hizo la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, a la Corte Suprema de Justicia para que declare nulos, por inconstitucionales, seis artículos del decreto que reglamenta la Ley de Transparencia.
222 Esperan el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
La solicitud de la procuradora se da a su vez por la demanda que presentaron hace varias semanas la abogada Tayra Barsallo Zambrano y el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, contra el citado decreto ejecutivo.
Maloul Zebede indicó que la solicitud de la Procuraduría de la Administración coincide con lo expuesto por TI durante los últimos meses , pues muchos de los recursos de hábeas data interpuestos para la obtención de información son negados, amparándose en varios artículos de la reglamentación.
"El reglamento se ha constituido en un obstáculo para que los ciudadanos tengan acceso a información. Eso lo hemos verificado estadísticamente, ya que de un total aproximado de entre 45 y 50 casos, sólo en ocho se falló a favor de otorgar la información solicitada", detalló. Agregó que el subterfugio más utilizado para la negación de los hábeas data es que la persona que solicita la información no tiene interés legítimo.
