Demandarán a la Policía por muerte de menor

Los familiares de la menor de 13 años que murió en Biroquerá, Darién, de un disparo en la cabeza, interpondrán un Amparo de Garantías por violaciones a los derechos de la comunidad indígena y una denuncia criminal contra la Policía Nacional.
Según Jacinto González, de Asistencia Legal Alternativa de Panamá (ALAP), mañana llegarán a la capital los familiares de la indígena fallecida, Aida Chirima Valencia, para iniciar los procesos legales contra las autoridades de la Policía.
González informó que la joven Chirima Valencia estaba acompañada por otra menor, quien reveló que el suceso se registró en una situación "muy confusa", porque uno de los efectivos la llamó y por eso la extinta se acercó al lugar de la trinchera, donde recibió el disparo el pasado 15 de julio.
Informes emitidos por la Policía Nacional plantean que la indígena murió porque estaba jugando en las inmediaciones de la trinchera y cayó, ocasionando la detonación del arma.
Indicó que la población indígena se siente "sitiada", porque en la región se hace lo que quieren las unidades de la Policía; ni siquiera se respetan las órdenes emitidas por autoridades civiles.
Apuntó que cada dos meses se reúnen en Jaqué las autoridades del sector, como la legisladora Haydée Milanés de Lay y corregidores para tratar el tema, sin embargo, los efectivos policiales nuevamente siguen ejecutando las medidas de presión e inclusive persiguen a quienes los denuncian.
Puntualizó que constantemente los indígenas han denunciado que la Policía levanta sus puestos en medio de la comunidad, lo que constituye un peligro, en lugar de brindarles protección.
Al respecto, la legisladora Milanés de Lay advirtió ayer a El Panamá América que desde el 12 de marzo de este año, la comunidad de Biroquerá alertó a la Policía sobre el peligro de que unidades fuertemente armadas estén ubicadas en el centro del pueblo y no en las afueras. Lo mismo han manifestado moradores de otras cuatro comunidades indígenas, añadió.
El 12 de marzo se reunieron en el poblado, la legisladora, el comisionado de Policía, Jaime Ruiz; la gobernadora, Lesbia Aldeano; la corregidora, Buenaño de Mendoza; el representante, Simón Perea y moradores de la comunidad, quienes coincidieron en manifestar su deseo de que los puestos de la Policía Fronterizos en cada comunidad se reubiquen en áreas alejadas donde puedan colocar barreras para impedir el paso de pobladores y evitar accidentes como el suscitado el pasado 15 de julio, cuando murió la mencionada menor de un disparo en la cabeza.
Jacinto González, quien regresó esta semana de una gira por la región del Darién, manifestó que existen violaciones a los derechos humanos, especialmente contra los refugiados, quienes tienen privaciones de movilidad porque muchos deben notificarse hasta cuatro veces al día en los cuarteles.
Relató que a los pescadores se les tiene prohibido salir al mar a pescar, a pesar de que las personas obtienen su sustento de la pesca y les afecta su subsistencia.
Planteó que en esta región no se ha podido contactar la presencia de grupos armados en la zona, ni elementos que indiquen que existe algún tipo de peligro.
"Se trata de medidas dirigidas a que las personas retornen a su país de origen, independientemente del peligro que puedan sufrir, porque inclusive se les rompen los permisos otorgados por los funcionarios de Migración", añadió.
Otra de las denuncias emitidas por González, se refiere a las restricciones para la compra de mercancía a la comunidad, porque sólo se les permite adquirir mercadería hasta por la suma de B/.200.00, aunque en esta provincia la leche, el arroz y otros insumos son mucho más costosos que en Panamá.
Afirmó que prácticamente están "sitiados", toda vez que no se les permite salir después de las 9 de la noche y, lo que es peor, se instalan "cazabobos" (granadas que tienen como función hacer ruido), muchas de las cuales no son desactivadas.
"Estamos hablando de población panameña, que sólo puede salir hasta las 9 de la noche, porque se han instalado cazabobos, lo que rompe con su cultura", enfatizó.
Detalló que estas bombas tienen como objetivo detectar si alguna persona está ingresando al pueblo, pero algunas quedan activadas. "En Biroquerá se han instalado seis puestos, los cuales están dentro de la población, con la excusa de que es la última comunidad que hay entre Panamá y Colombia, lo que es falso porque después está Mamey, Llano Bonito, El Coco, de las cuales hay alrededor de 16 horas a pie hasta la frontera con Colombia", informó.
Recomendó que lo ideal es que las unidades de la Policía se instalen fuera de la comunidad y coloquen sus "trincheras" lejos de los ríos, chozas y escuelas.
"Se está rompiendo con la costumbre de la población indígena en cuanto a su cacique, que es el responsable directo dentro de la comunidad", anotó.
González también denunció que la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR) no está siguiendo el censo a los desplazados, ni les está entregando los carné. Inclusive, la ayuda económica-humanitaria que les brinda el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a través del Vicariato del Darién, es insuficiente porque no se cubren todas las necesidades.
Argumentó que al darse esta situación los refugiados tienen que buscar medios alternos para subsistir, no obstante la Policía les prohíbe movilizarse. "La población está pasando por una situación muy difícil, por lo que presentará un recurso por violaciones a las garantías de la comunidad", añadió.
De acuerdo con el directivo de ALAP, en la región darienita hay más de 500 desplazados, mientras que ONPAR sólo tiene un registro de 367. A juicio de González, el conflicto en la zona se recrudecerá y seguirá llegando gente, ya que estos 500 están sólo en Jaqué, cuando por otras comunidades hay aún más.
Sustentó que el problema radica en que los desplazados ahora no se reportan ante las autoridades, sino que se quedan en los lugares apartados para evitar ser deportados.
Por otro lado, la legisladora Milanés de Lay dijo desconocer la situación actual del sector, toda vez que no lo visita desde el mes de marzo, pero informó que solicitará al director de la Policía, Carlos Barés, una reunión para tratar el tema.