Una demanda contencioso administrativa de nulidad presentarán hoy contra la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009, que promueve la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
El abogado Julio Berrío alegó que la decisión del Gobierno de salirse del PARLACEN es “violatoria de múltiples normas de Derecho Internacional, que tienen fuerza de ley para el país”.
Según Berrío, la Asamblea Nacional violó los Artículos 18 y 159 de la Constitución Nacional, al dictar una ley que deroga a otra que cumple con tratados internacionales.
Sostuvo que esta es una decisión “descabellada”, ya que de estos organismos internacionales sólo se puede salir por expulsión o a través de negociación.
Expresó que el derecho interno no está por encima del derecho internacional, máxime cuando un país se adhiere voluntariamente a una organización internacional y todos sus acuerdos tienen fuerza de ley.
Planteó que sería como si Panamá intentara retirarse de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Defensa. Explicó que el PARLACEN es un organismo que fue creado para la defensa de la integración de los países de Centroamérica, que les permite accionar de forma coordinada, sin la necesidad de la intervención de otros países u organizaciones.
Además, manifestó que la decisión adoptada por el Gobierno viola el artículo séptimo del Protocolo de Tegucigalpa, que prohíbe la violación a la autodeterminación de los países centroamericanos.
Alegó que también se violenta el Artículo 26 de la Convención de Viena y otros convenios internacionales.
Panamá destinaba un presupuesto anual al PARLACEN de 1.7 millón de dólares para sufragar los gastos que representa al país este organismo regional.
