Demandarn a los represores del SPI

A LA LLUVIA de críticas que pesó ayer sobre el Gobierno, se sumó la amenaza de que varias organizaciones sociales salgan a las calles a protestar.
Esto, si no se atienden pronto los reclamos de los familiares y afectados por la intoxicación con medicinas de la Caja de Seguro Social (CSS).
Ayer, organizaciones como el Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y el grupo FER-29, por citar a algunos, expresaron su apoyo a la causa.
"Compañeros, no se preocupen, la próxima vez que vayan a las calles y les den palo, ya no recibirán palo solos", exclamó un activista, en medio de una conferencia de prensa.
No obstante, recibir el apoyo de estas agrupaciones no fue del agrado de muchos de los familiares y afectados.
"Aquí no queremos saber de nada de política", ripostó la viuda de una de las víctimas del dietilenglicol.
Frente a los hechos ocurridos la tarde del jueves, Gabriel Pascual, del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, anunció que la próxima semana interpondrán una demanda criminal contra los represores.
Responsabilizan del caso a miembros del Servicio de Protección Institucional (SPI), particularmente a su director, José Gómez, así como a otras unidades de apellidos "Carrizo", "Valdés" y "Espino".
Al respecto, el presidente Martín Torrijos ordenó abrir un proceso para deslindar responsabilidades, pero inicialmente en laComisión Especial que investigará y analizará la actuación de los miembros del SPI, nombró a su director, José Gómez.
Al conocer la noticia, esto causó disgusto en el grupo, no sólo porque "Gómez sería juez y parte", sino que vio de frente los hechos.
Pero, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, medió, y al final se optó porque la Comisión la encabece José Pío Castillero, director de Asesoría Legal de la Presidencia
Vargas también entregó el pliego del grupo, que pide reconocer a los más de 300 supuestos afectados, se indemnice justamente a los convalecientes, y se juzgue y penalice a los responsables directos e indirectos, entre otras, como la destitución del ministro de Salud y el director de la CSS.