La presidenta del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, advirtió ayer que este colectivo político pretende retomar el tema de los contratos otorgados a las empresas que prestan servicios públicos, a fin de demostrar que es falso que el gobierno no podía evitar el incremento de las tarifas que se registró a inicios de este año.
Indicó que el contrato establece claramente que cualquiera de las partes puede tomar diversas acciones, entre las cuales la más extrema es dar por terminado o rescindirlo, al momento que considere que la contraparte no esté cumpliendo con lo dispuesto.
Herrera dijo que en diciembre del año 1999 la empresa telefónica solicitó una addenda, porque no había podido cumplir con todas las metas establecidas en el contrato y el Ejecutivo se la otorgó, lo cual es una evidencia de que sí puede influir o varias lo pactado.
En esa ocasión el incumplimiento de las metas impidió que se diera el incremento de las tarifas, el mismo argumento pudo haberse utilizado ahora, ya que todo parece indicar que no se ha cumplido con lo dispuesto.
La legisladora dijo que en esa ocasión en lugar de evitar el incremento de la tarifa, se postergó, con la agravante de que ahora se dio el doble.
Indicó que en diciembre de 1999 se demostró que de 19 metas, la empresa no había cumplido por los menos con cinco (entre estas la meta 1, 2, 4, 9 y 16).
Ante el incumplimiento de estas metas, la empresa Cable & Wireless, solicitó al gobierno la firma de una addenda, la cual sólo puede darse en el caso en que ambas partes estén totalmente de acuerdo.
Si no cumplieron las metas en ese momento, qué garantiza que ahora lo vayan a hacer o que lo estén haciendo, si el Ente Regulador de los Servicios Públicos no ha demostrado que realmente estén cumpliendo con los compromisos que adquirieron.
La legisladora dijo que en 1999, recién instalado el actual gobierno, la empresa telefónica le solicitó la firma de la addenda y el Ejecutivo se fue a negociar con ellos directamente y sin tomar en cuenta al Ente Regulador.
El problema, según Herrera, está en que el Ejecutivo mantenía diferencias en ese momento con las personas que estaban al frente del Ente Regulador y por eso decidió "ignorarlos" e irse a negociar directamente con la empresa.
A finales del año pasado la legisladora Herrera retó a la presidenta de la República, Mireya Moscoso a que enviara los contratos-ley a la Asamblea Legislativa a fin de revisarlos, a lo que el vicepresidente de la República, Arturo Vallarino respondió que esto no podía hacerse porque afectaría la imagen de estabilidad jurídica del país.
