El legislador perredista Miguel Bush acusó ayer nuevamente al ministro de Gobierno, Winston Spadafora y parte de su equipo de asesores de vender las rebajas de penas a narcotraficantes y otros delincuentes, lo cual aseguró que puede demostrar en su momento.
Indicó que las investigaciones con respecto a la rebaja de penas deben ampliarse más allá del caso David Viteri, pues puede demostrar por medio de las Gacetas Oficiales que en cuestión de meses más de 600 personas han sido beneficiadas con esta medida, de las cuales, por lo menos 100 han sido condenados por delitos relacionados con el narcotráfico.
Bush expresó que si Spadafora quiere pruebas de lo que se hace que empiece por investigar a sus asesores y que conozca sus cuentas bancarias cómo han aumentado en cuestión de meses, a fin de cotejar si este incremento corresponde a los ingresos que perciben por la función que desempeñan. Indicó que según las investigaciones preliminares que ha realizado, maneja información de que se cobran entre B/.25 mil y B/.50 mil por cada narcotraficante que benefician con esta medida.
Añadió que tiene conocimiento que muchos de estos asesores ahora viven en residencias cuyo costo se acercan a B/.1 millón y andan en carros Jaguar o de otras marcas lujosas, a pesar de que perciben un salario inferior.
El legislador opinó que el argumento de descongestionar las cárceles a través de las rebajas de penas carece de fundamento, pues hay muchos detenidos con enfermedades terminales a quienes no se les otorga ese beneficio.
Mencionó que en lo personal posee los documentos de un detenido que padece una enfermedad coronaria y que en dos ocasiones le ha remitido sendas notas a la presidenta de la República, Mireya Moscoso en las que le solicita este beneficio de rebaja de pena y a pesar de que le anexa el certificado médico, documentación firmada por la directora de Corrección, Concepción Corro, para comprobar su buena conducta, se le ha negado.
Explicó que esta persona fue detenida por posesión de 6.3 gramos de piedra, lo que es una cantidad mínima para consumo personal, pero se le ha negado la rebaja de pena porque no tiene para pagar entre B/.25 y B/.50 mil que se solicitan por rebaja de pena.
Por esta y otras razones afirmó que la Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa va a insistir en que se amplíe la investigación que se inició con el caso Viteri a todos los narcotraficantes que fueron beneficiados con rebaja de pena en los últimos meses.
