La denuncia por bien oculto que interpusieron los abogados Willie Cochez y Víctor Martínez continúa pese a la cautela de las autoridades gubernamentales y el hermetismo que mantienen los ejecutivos de la empresa telefónica Cable & Wireless (C&W), tenedora del 49% de las acciones del antiguo INTEL.
Pese a que C&W se ha negado a presentar información de los estados financieros de sus operaciones, documentos presentados por los abogados certifican, según pruebas de los peritos, que la empresa ha defraudado al Estado por varios millones al transferir irregularmente fondos, en calidad de regalías, a su casa matriz en Londres.
De acuerdo con un peritaje al estado financiero de C&W, se puede verificar que durante los años 2000 y 2001 la telefónica envió a su casa matriz millonarias sumas que superan lo establecido en la tabla de compensación del Anexo 1, cuya existencia es cuestionada por los demandantes.
El balance del cuadro "C&W regalías a casa matriz", que ha sido presentado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), detalla que en el año 2000 la empresa tuvo un ingreso superior a los B/.400 millones con una utilidad ajustada de B/.172,682,129.
De esta cifra se desprende un monto aproximado pagado a Londres superior a los B/.13 millones, producto de deducciones libre de cargos, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), pago de intereses y depreciaciones. En esta ocasión, según el reporte, la transnacional envió a su sede B/.4,867,806 de más.
Esto, tomando en cuenta un anexo que, según los demandantes no existe o no fue firmado.
Para el año 2001, y según el mismo cuadro, los ingresos de C&W son de B/.447,998,000 con utilidades ajustadas de B/.175,824,806 y con un pago a la casa matriz de B/.14 millones.
En esta ocasión serían B/.5,840,768 los que C&W habría enviado de más a Londres.
Cuando el abogado Cochez presentó junto a Martínez la demanda de bien oculto el pasado 26 de abril, expuso una serie de documentos que a su juicio certifican la inexistencia de un contrato conocido como Anexo 2 en el que C&W se apoya para justificar el cobro de las regalías libre de ISR.
El abogado denunció que pese a solicitar la existencia del Anexo no ha sido posible que autoridades del MEF, Contraloría, Ente Regulador de los Servicios Públicos o la misma empresa, les faciliten el contrato. El alegato de las autoridades: Desconocen o no refrendaron el contrato.
Y aunque es utilizado como referencia para las fórmulas de compensaciones, "Nunca fue adjuntado a la Gaceta Oficial del 23,365 del 29 de agosto de 1997, donde aparece íntegramente el contrato de administración y operación suscrito entre el Estado y la telefónica", dijo Guillermo Cochez.
La denuncia presentada por bien oculto no ha logrado eco en las autoridades gubernamentales, ni siquiera en aquellas que tienen responsabilidad directa en el tema por ser el Estado dueño del 49% de las acciones y los trabajadores, del dos por ciento restante.
Con cautela, Cochez expresa que las investigaciones que competen son rigurosas por lo delicado del tema, lo que precisará de cierto tiempo para su estudio. "Según nos manifestó el Ministro (del MEF) está en proceso el nombramiento de un equipo de asesores que evaluará el contrato", sostuvo.
El Panamá América intentó contactar, sin éxito, al ministro Norberto Delgado o en su lugar al viceministro de Finanzas, Eduardo Quirós, para que manifestaran el avance de las investigaciones.
En su momento, Delgado dijo a este medio que C&W es una empresa que ha invertido muchos millones en Panamá, por lo que habría que analizar con detenimiento la denuncia presentada en su contra.
C&W, que ya está en la mira de algunos legisladores de la Asamblea, negó cualquier irregularidad en sus operaciones, y ha dicho que dará respuestas a las denuncias e interrogantes presentadas en su contra.
De acuerdo con el funcionario, todos estos factores influyen en que los estudiantes de la educación particular obtengan mejores resultados, pero advirtió que en el área humanística los colegios oficiales son mejores que los privados.
Según Guizado, en el área científica es en la que las autoridades tienen que hacer profundos cambios, principalmente en materias como Matemáticas, Física, Química y Biología. Manifestó que en ese sentido se está haciendo una transformación curricular para la educación media, tanto a nivel profesional como académico.
En cuanto al cuestionamiento de que el Estado invierte mucho más recursos en la educación oficial y no se observan los resultados esperados, Guizado destacó que esas cifras no son tan ciertas, porque sólo el 62% del presupuesto que se destina para el sector va destinado realmente para educación.
Explicó que el presupuesto de educación tiene que ser repartido entre las cuatro universidades estatales, el Instituto Nacional de Cultura (INAC), Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).
Manisfestó que ese 62 por ciento que va para educación, la gran parte de gasta en pago de planilla al personal y es muy poco la cantidad de dinero que se destinan para inversiones.
Con respecto a los señalamientos de los padres de familia en el sentido de que las fallas en la educación oficial se dan por la falta de supervisión en los planes de estudios, Guizado reconoció esa falla en el sistema educativo.
El funcionario apuntó que los directores de escuelas encargados de la supervisión local en las escuelas tienen que desempeñar funciones administrativas relativas a los dineros provenientes de la Ley 13.
Expresó que en Diálogo Nacional por la Educación existe una propuesta para crear la figura de un subdirector técnico-docente en las escuelas de pre media y media, que se encargara de la supervisión de los educadores, así como un subdirector administrativo para que maneje los dineros relativos a la Ley 13 y un rector general que supervisará la disciplina en el plantel.
Guizado destacó que la legislación actual tiene funciones muy limitadas para el subdirector del plantel por lo que hay que ampliarlas para que puedan participar en otras actividades y garantizar la supervisión eficiente del sistema.
