El empresario panameño-estadounidense, Arthur Marohl, advirtió a los diputados de la Comisión de Credenciales que si no procesan la denuncia que interpuso por actos de corrupción en contra de los magistrados Graciela Dixon y Aníbal Salas, antes del 31 de diciembre, viajará hasta el Senado de Estados Unidos a exigir que tomen cartas en el asunto.
El empresario volvió a lanzar esta advertencia, toda vez que el presidente de la Comisión de Credenciales, Freidi Torres, dijo que no era seguro que la denuncia sea discutida antes de fin de año, cuando finaliza el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.
Torres argumentó que la Comisión tiene otras denuncias "pendientes" de ser analizadas. La denuncia de Marohl se fundamenta en que los magistrados actuaron irregularmente al dictar un sobreseimiento definitivo y archivar, "en pocos días", una querella criminal contra el ex gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP), Bolívar Pariente. Por este caso, también fueron querellados el ex procurador José Antonio Sossa y el ex magistrado César Pereira Burgos.
Reiteró que él y su empresa sufrieron pérdidas millonarias por las irregularidades cometidas por el BNP en una licitación para la contratación de servicios de aseo y limpieza durante la administración de Pariente en el 2001.
Y no fue hasta el 31 de agosto de 2004 que la Sala Penal de la CSJ, a la que pertenecen Dixon y Salas, emitió un fallo con un sobreseimiento definitivo, y se ordenó archivar el caso.
De acuerdo con Torres, "esta denuncia entró a formar parte de un gran número de situaciones y de casos que tenemos que ver en la Comisión".
Pese a los planteamientos del diputado, el apoderado legal de Marohl, Alexis Sinclair, reiteró que los funcionarios denunciados "encubrieron y protegieron a delincuentes de cuello blanco como Pariente", en perjuicio de una empresa norteamericana que se fue a la quiebra.
Sinclair también advirtió que si los diputados no actúan antes de fin de año, "las visas de ellos también estarían en peligro", toda vez que el gobierno estadounidense está dispuesto a tomar acciones.
La Comisión de Credenciales archivó recientemente, por falta de pruebas, una denuncia presentada por 18 organizaciones de la sociedad civil contra ocho magistrados de la CSJ.
Esta denuncia fue fundamentada en las "insinuaciones" de irregularidades que hizo el también magistrado Adán Arnulfo Arjona en contra de sus colegas.
Tal como lo promovió el presidente Martín Torrijos en lo mejor de la época electoral; Benjamín Colamarco, de la dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, asegura que esta ley generaría más empleos.
Estos nuevos trabajos caminarían de la mano de "actividades en diversos sectores, captación de divisas extranjeras y la dinamización de la economía regional en las áreas donde se desarrolla el proyecto o la inversión turística", como señaló Colamarco en entrevista con Panamá América hace unas semanas.
Para los lugareños de estos territorios, Colamarco también tuvo unas palabras. "A quienes ocupan predios en el territorio insular o en las áreas declaradas de desarrollo social y que tengan derechos posesorios se les reconocerán esos derechos".
Entre tanto, Juan José Espino, del complejo turístico residencial Red Frog, también está convencido de la necesidad de la ley.
Para él, éste es un "proyecto positivo" porque favorece el desarrollo insular extranjero en tierras de un valor turístico importante.
Espino señala además que esta iniciativa trae el "ordenamiento jurídico a zonas que abarcan todas las islas del país que no tenían ninguna posibilidad de titularse ni desarrollarse como se debe".
"Es un proyecto de equilibrio. Promueve la inversión turística grande, mediana y pequeña con reglas claras en el territorio insular y las áreas costeras de desarrollo especial y por el otro lado garantiza los derechos posesorios", señaló al Panamá América Benjamín Colamarco, director de la dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas.
