Una denuncia penal contra la legisladora de Darién, Haydée Milanés de Lay, la gobernadora, Lesbia Aldeano y el alcalde de Chepigana, Eudoro Rojas, fue presentada ayer ante el Ministerio Público por el asesor del Congreso de Tierras Colectivas, Arcesio Valentine.
En la denuncia se asegura que tanto la legisladora Milanés de Lay como el alcalde de Chepigana cometieron los delitos de abuso de autoridad e incumplieron con la ley.
Dentro de la denuncia se establece que tanto Milanés de Lay como la gobernadora Aldeano y el alcalde Rojas incumplieron con el desalojo de los ocupantes ilegales del territorio de las comunidades Arimae y Emberá Puru.
En tanto, el dirigente sindical del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, Mariano Mena, advirtió ayer que no permitirá que la provincia de Darién se siga dividiendo en comarcas, porque los indígenas sólo representan el 15% de la población.
Las declaraciones de Mena se dan a raíz del debate en la Asamblea Legislativa de un proyecto que crea las tierras colectivas en Darién, las cuales beneficiarán a grupos indígenas del área.
La normativa mantiene una disputa entre colonos e indígenas, quienes el pasado martes se iban a enfrentar en la comunidad de Arimae y Emberá, cada uno aduciendo que el territorio les pertenece.
Mena sustentó que como darienita no permitirá que esto se siga dando, porque hay que ponerle un límite al "cuento de las tierras colectivas".
Sostuvo que no dejarán que la provincia se siga partiendo en comarcas, destrozando las reservas forestales para beneficio de estos grupos.
Explicó que los grupos indígenas únicamente representan el 10 ó 15% de la población, sin embargo tienen casi un tercio de la provincia.
"Con el subterfugio de las Comarcas, ellos sí se pueden meter en cualquier punto del país, pero el resto del país no se puede meter en sus territorios", apuntó.
"Hay que ponerle un límite al cuento de las tierras colectivas", recalcó Mena.
En tanto, el legislador Enrique Garrido acusó al gobierno de ser el responsable de este conflicto porque existen las leyes, pero no las hacen cumplir.
Esta normativa quedó en segundo debate en el pasado período ordinario de la Asamblea Legislativa y se espera que cuando se reanude la nueva legislatura sea retomada su discusión.
Denuncia penal por pelea de tierras
La denuncia fue por incumplir con el desalojo de los ocupantes ilegales del territorio de las comunidades Arimae y Emberá Puru.