Una denuncia penal presentará el ministro de Educación, Salvador Rodríguez, ante el Ministerio Público, contra ocho empresas que incumplieron los contratos de remoción de fibra de vidrio en los centros educativos del país y sus respectivas aseguradoras.
La acción obedece a que tanto las compañías constructoras como las aseguradoras no cumplieron con las fianzas que por ley deben tener los contratos en caso de violación a lo acordado.
Las empresas, cuyos nombres no fueron revelados, recibieron contratos directos por el ex ministro de Educación, Belgis Castro, para la remoción de la fibra de vidrio en las escuelas a nivel nacional.
Para tal fin, el ex ministro Castro, quien ahora es candidato a diputado por el partido oficialista en la provincia de Chiriquí, destinó más de B/ 10 millones.
El año pasado, el ministro Rodríguez envió una nota a las empresas en la que les advertía que los trabajos realizados fueron deficientes, igualmente a sus aseguradoras.
Las compañías hicieron caso omiso argumentando que tenían un acuse de recibo de conformidad del ex ministro Castro, y que los contratos habían sido pagados en su totalidad.
Por su parte, las empresas aseguradoras le dejaron claro al MEDUCA que ellas no podían retener ningún dinero de las compañías constructoras a objeto de obligarlas a que lo regresaran por incumplimiento.
La primeras investigaciones del ministro Rodríguez arrojaron que 36 empresas fueron contratadas para la remoción de fibra de vidrio.
Paralelamente, la Fiscalía Primera Anticorrupción adelanta una investigación sobre presuntas anomalías en la adjudicación de los contratos y comprobó que algunas de las empresas no prestaron el servicio, pero recibieron dinero, mientras que otras incumplieron los contratos y además subcontrataron.
Centros afectados.
Las irregularidades se registraron en el Richard Neumann, CBG Belisario Villar Pérez, Nicolás del Rosario, Colegio Salomón Ponce Aguilar, entre otros.
La acción legal que presentará el ministro Rodríguez será ejecutada una vez logre recabar toda la información a lo interno del ministerio.
"Para poner una demanda legal contra estas empresas, tengo que cuidar que al ministerio no lo contrademanden, y me acusen de daño y perjuicio y difamación", manifestó Rodríguez.
El funcionario informó que continuará completando los expedientes con los contratos, declaraciones de los docentes y la comunidad educativa, de forma que compruebe el incumplimiento y aportar las pruebas en el Ministerio Público.
