Denuncian anomalías en construcción de hidroeléctrica

La Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa denunció ayer la existencia de diversas "irregularidades" en el proceso para la construcción de una hidroeléctrica en el área indígena de Chiriquí, la cual tiene un costo de B/. 5 millones.
El legislador Rogelio Alba, presidente de esta comisión, indicó que después de giras al área y haber conversado con moradores de diversas comunidades de Tolé que serían afectados con esta obra, han concluido en la existencia de estas anomalías.
Además destacó que en reiteradas ocasiones han citado a los representantes del Consorcio Tabasará S.A., encargados de la obra, quienes sin justificación no han asistido a las reuniones, razón por la cual pretenden citarlos al pleno legislativo.
La Comisión, a través de un informe presentado ayer, anunció que le llama poderosamente la atención el "protagonismo excesivo y exacerbado" en este asunto del Defensor del Pueblo, Italo Antinori.
Por medio de este informe, los legisladores hacen un llamado de atención al Defensor del Pueblo a abstenerse de acciones "inapropiadas", actos que consideran que en nada benefician a los campesinos e indígenas de la región.
En el mismo documento expresan sus dudas por el Estudio de Impacto Ambiental, aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), ya que ninguno de los miembros de las comunidades que podrían ser afectadas por el embalse del Río Tabasará que dependen de la agricultura, tuvieron contacto alguno con los encargados de esta investigación.
Se establece en el informe que al momento que se realizan los trabajos de embalse y otros que podrían afectar diversas comunidades de la región, nadie se haría responsable de los daños y perjuicios que podrían sufrir los pobladores o por el deterioro ecológico.
El legislador Alba indicó que la Comisión Indígena espera que de parte del gobierno, se dote a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), de los recursos económicos para que pueda verificar que las informaciones se suministren en el estudio de impacto ambiental.
Al mismo tiempo destacan que no se justifica que se desarrolle un proyecto de tal magnitud, sin que antes se conozca la opinión de los moradores del área o las autoridades de la región.