Las acusaciones contra el cooperante de Cáritas de España, Francisco Aperador, forman parte de una campaña de intoxicación informativa y que guarda relación con las disparatadas afirmaciones hechas en el 2002 acerca de la presencia de elementos "zapatistas" en la "mal llamada Cuenca Occidental del Canal de Panamá".
Tal denuncia fue hecha por el coordinador nacional de Pastoral Social Cáritas de Panamá, Héctor Endara Hill, quien relató que las autoridades de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización y el Consejo de Seguridad, mantienen una campaña para sembrar confusión y calumnias alrededor del trabajo que realiza esa institución y en especial de Francisco Aperador Garza.
Endara Hill explicó que Garza es un cooperante de Cáritas Española que viene prestando sus servicios desde hace más de año y medio en Panamá, y a quien se pretende ahora expulsar del país.
Endara no descartó que las declaraciones del secretario ejecutivo de Consejo de Seguridad Nacional, Ramiro Jarvis, refiriéndose al término "apología de la violencia", sobre el trabajo de Aperador guarde relación con las denuncias de la presencia de elementos de zapatistas en la región y que fueron difundidas en marzo del 2001.
Precisó que ningún funcionario público asumió la responsabilidad de haber lanzado tan grave y disparatada calumnia e infamia, por lo que no es de extrañar que luego inventen posibles vínculos con Bin Laden.
Recalcó que estas acciones de infamia y calumnia orquestada, lo único que evidencian es la patética arbitrariedad en la que se mueven las instancias gubernamentales, con el objetivo de acallar el acompañamiento a las comunidades campesinas amenazadas por los proyectos de muerte que empuja la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en complicidad con la altas autoridades del Gobierno.
Afirmó que existe una campaña sistemática de calumnia, que primero fue contra las comunidades campesinas que se opone a la inundación de sus tierras; luego ha sido contra Aperador, contra el equipo de Pastoral Social-Cáritas Panamá y los equipos de misioneros y misioneras que trabajan en el área.
Sentimos en carne propia, la angustia y la zozobra que sienten las comunidades campesinas amenazadas, desde que se aprobó Ley 44 del 31 de octubre de 1999, que sirve de excusa a la ACP en sus pretensiones de desalojar miles y miles de familias de sus tierras para inundarlas, sustentó el entrevistado.
