El Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente del Frente Anticorrupción, Enrique Montenegro Diviazo, por ser parte responsable de un Plan de Desestabilización contra el Gobierno Nacional.
Ramiro Jarvis, director del Consejo de Seguridad, responsabilizó directamente a Montenegro de formar parte de una "red" dedicada a desestabilizar el país, crear anarquía y la sensación de que se están haciendo "cosas ilegales". Puntualizó que hay otras personas vinculadas a esta red, sin embargo, rehusó dar detalles de quiénes se trataban, incluyendo si eran ex militares.
El Consejo de Seguridad presentó a los medios de comunicación fotografías del señor Montenegro, que demuestran que se le estaba dando seguimiento inclusive desde el pasado 8 de noviembre.
En las pruebas fílmicas se observa al señor Montenegro cuando sale de las empresas Grupo Style y Body Color, de donde supuestamente se envió la carta a los medios de comunicación.
Jarvis informó que el Consejo de Seguridad pudo determinar que los documentos recibidos por Fax en los equipos de la Corporación Medcom, RPC Radio, Televisión y Telemetro Reporta procedían del número 221-2978, cuyo derecho habiente es Enrique Montenegro Paredes, hijo de Montenegro Diviazo y localizado en las instalaciones donde funcionan las empresas arriba mencionadas. Sin embargo, se negó la vinculación de ambas empresas a este ilícito.
Tanto Yarvis como el ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, indicaron que será competencia de la Procuraduría General de la Nación determinar la suerte de Montenegro y si se ordena su detención.
"Como es deber de toda autoridad nacional, estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Procuraduría de la Nación a fin de que se dé inicio a la correspondiente investigación criminal por los delitos que pudieran configurarse de acuerdo con conductas tipificadas como punibles en los artículos 265, 268, 351, 353 y 372 del Código Penal", destacaron.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por Escalona y señala que la misma se sustenta en los artículos 1994 y 1995 del Código Judicial.
Entre las pruebas presentadas por las autoridades figuran el memorando falsamente atribuido a la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, copia de denuncia presentada por Enrique Montenegro Diviazo al procurador de la Nación y los ejemplares del diario La Prensa y El Panamá América del 13 de noviembre de 2002.
Las autoridades denunciaron que este hecho falso tiene serias repercusiones para los efectos de seguridad jurídica y afecta la inversión económica, por lo que podría configurarse en la conducta típica contenida en el Título XII del Código Penal, específicamente en el Capítulo 1, contentivo de los Delitos contra la Seguridad de la Economía.
Por otra parte, el Ministerio Público citó para hoy al secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro Diviazo, para que rinda declaración jurada dentro de las investigaciones que adelanta el procurador José Antonio Sossa por la supuesta simulación de espionaje telefónico.
Una fuente del Ministerio Público confirmó que Montenegro Diviazo deberá comparecer a declarar con relación a los cargos realizados en su contra por el ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, por atentar contra la administración de justicia, la fe pública y la economía nacional.
También indicó que se tiene proyectado realizar una inspección ocular en las instalaciones de las empresas Grupo Style y Body Color, para determinar si efectivamente fueron los sitios desde donde se enviaron los faxes simulando un memorándum con la firma de la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, en donde se autoriza intervenciones telefónicas a un grupo de políticos, empresarios, dirigentes sindicales y periodistas. La fuente precisó que también podría llamarse a declarar a Enrique Montenegro Paredes, a cuyo nombre aparecen las citadas empresas de donde presuntamente fueron enviados los faxes.
Además se ha solicitado información a todos los medios que recibieron el documento sobre el número de teléfono desde donde se envió el documento.
En la denuncia presentada en la tarde de ayer se establece que Montenegro Diviazo ejecutó actuaciones que configuran el delito de simulación de hecho punible, en la medida que se ha elaborado un documento y falsamente se le ha atribuido a la ministra de la Presidencia, con la finalidad que éste sea utilizado como prueba dentro de una denuncia presentada ante el Ministerio Público.
En tanto, Montenegro Diviazo aseguró que con anterioridad se le formularon acusaciones de estar grabando las conversaciones de funcionarios y que ahora usando una norma del Manual de Contrainteligencia intentan desviar el origen de las grabaciones telefónicas.
Montenegro Diviazo también negó que haya distribuido copias de los faxes con la lista con nombres de las personas objeto de los espionajes. Añadió que aquí ha quedado demostrado que el Consejo de Seguridad lo ha estado siguiendo y espiando con la presentación pública de fotos de su persona en un café.
Aseguró que los miembros del gobierno están intentando convencer al procurador Sossa para que lo investigue, pero aseguró que demostrará la participación de funcionarios del Consejo de Seguridad en este tipo de actividades y que hoy acudirá al Ministerio Público con su abogado.
Dijo estar convencido que lucha contra un "gobierno corrupto e inmoral" que no se detendrá ante nada con tal de silenciar las pocas voces que denuncian sus arbitrariedades e ilegalidades.
Montenegro Diviazo sostuvo que acudirá a las nueve de la mañana de hoy a la Procuraduría de la Nación para solicitar que se investigue a la presidenta Mireya Moscoso; al director del Consejo de Seguridad, Ramiro Jarvis y Arnulfo Escalona, ministro de Gobierno.
Aclaró que conoce a los propietarios de los establecimiento, que son Roberto Luis Piquera y Jaime Cucalón, y ninguno ellos tiene nada que ver con esto.
Montenegro negó que haya enviado el memorándum desde estas empresas y añadió que todo forma parte de las denuncias de corrupción que han dejado en el aire sin dar respuestas como: el caso de los "durodólares", el hundimiento del helicóptero HP1430, la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema, la aprobación del Centro Multimodal de Inversiones y Servicios (CEMIS), entre otros. Ayer durante todo el día la presidenta se reunió con los presidentes de los partidos políticos, el arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño, bancadas legislativas y el procurador de la Nación, José Antonio Sossa para ultimar detalles de este hecho.
