El despido de seis empleados públicos de la Defensoría del Pueblo es considerado como una acción "inaceptable y temeraria", manifestó Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep).
Destacó que es "inaceptable" porque Panamá ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a reintegrar a un grupo de trabajadores que fueron despedidos por la Corte Suprema de Justicia, esto por haber participado en la rebelión policial de 1990.
Añadió que el derecho al trabajo es universalmente reconocido por la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Planteó que con base en esto, habría que ver qué dicen la OIT y la CIDH sobre el defensor del pueblo de Panamá, Alfredo Castillero Hoyos, el cual por posiciones "clientelistas" está despidiendo a los trabajadores sin ningún tipo de justificación jurídica.
Resaltó que por un tema de condición subalterna de la institucionalidad, lo cual también es seriamente cuestionable, el señor defensor del pueblo despidió a estos seis funcionarios.
Indicó que miembros del actual gobierno panameñista hacen espavientos de la pureza de esta administración, pero al mismo tiempo están ocurriendo ciertos abusos del recurso humano del Estado.
Añadió que no solo se está dando el despido de empleados, sino que también están ocurriendo casos de abuso de autoridad, persecución y acoso laboral.
Manifestó que también se está dando el traslado de funcionarios a regiones apartadas, en una evidente presión para que los mismos renuncien a sus cargos, algo que tampoco cumple con disposiciones legales para la acción.
"El llamado de atención se hace porque ya vamos para el tercer año de la administración del presidente Juan Carlos Varela y estos despidos no cesan, sino que persisten en una abierta y flagrante violación a las disposiciones legales del debido proceso", manifestó Berrocal.
También acotó que recientemente se dio el despido de una servidora en el Ministerio de Vivienda de Coclé. Agregó que el despido de esta funcionaria se hizo sin ningún tipo de fundamento legal.
