El Gobierno Nacional debe retirar de inmediato el Arreglo Complementario Salas-Becker, firmado con los Estados Unidos, por existir discrepancias de fondo y forma en su contenido, y exigir una investigación criminal para determinar si existe "manipulación del texto", advirtió el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, Julio Yao.
De acuerdo con un análisis del contenido del Arreglo Complementario para Operaciones Antinarcóticas firmado por Panamá y Estados Unidos, que realizó el catedrático por encargo de la Universidad de Panamá, se pudo determinar que existen dos versiones distintas o, dos tratados, con divergencias que favorecen exclusivamente al gobierno norteamericano.
Yao detalló que en el tratado aparecen propósitos y términos no definidos o demasiado vagos e incluso se le permite a EU variar el significado del texto y no así a Panamá.
"Hemos encontrado frases y palabras, empleadas sistemáticamente, pero carentes de definición dentro del tratado; o que se confunden, contraponen o traslapan con otras definiciones incluidas en el mismo", sostuvo.
Pero Marcel Salamín, uno de los negociadores del Arreglo, desestimó este análisis y sostuvo que los textos fueron cuidadosamente revisados por expertos panameños.
Para Yao, se dan omisiones de texto, de frases enteras que aparecen en el otro texto y términos contradictorios en ambas versiones que frustran todo esfuerzo interpretativo, así como construcciones literarias ambiguas y extrañas.
222Marcel Salamín, negociador del Arreglo por Panamá, refuta los señalamientos del internacionalista.
Puntualizó que en un 44% el Tratado Salas-Becker es contradictorio, por lo que el Organo Ejecutivo debe retirarlo e iniciar una investigación que aclare las circunstancias en que un mismo tratado posee distintas versiones.
Yao advirtió que el Ejecutivo debe dar explicaciones puntuales de las razones por las cuales existen estas diferencias, y añadió que dependiendo de estas respuestas podría interponer una demanda penal por atentar contra la personalidad interna del Estado.Planteó que al existir 12 artículos con versiones totalmente diferentes se hace inmanejable el tratado e inclusive no se puede interpretar.
Afirmó que ambos países deben unificar el significado del texto para que exista una misma versión del Arreglo Complementario.
Adelantó que las discrepancias favorecen a Estados Unidos porque esta potencia podrá sustituir las definiciones textuales mediante definiciones contextuales.
Explicó que si un helicóptero Seahawk asignado a la marina de guerra, en un determinado momento puede estar embarcado en una nave del Servicio de Guardacostas, eso sería ilegal conforme al texto en español, pero legal según el texto de Estados Unidos.
"Las discrepancias ofrecen múltiples posibilidades en la utilización de toda clase de naves y aeronaves de Estados Unidos más allá de las pertenecientes al Servicio de Guardacostas", expresó el internacionalista. Sostiene que según la versión de los EU, las naves y aeronaves de apoyo técnico podrán apoyar a un simple miembro uniformado del SMN o del SAN y supuestamente, a solicitud de éste -sin que se haga a través del Oficial de Enlace- lo cual es gravísimo, peligroso e ilegal, porque un miembro uniformado tal es sólo un agente del orden y no una autoridad. Los comentarios anteriores se desprenden de un análisis sólo de forma y fondo del Arreglo Complementario, que también incluye en su tercera fase un estudio del contenido.
Según este acuerdo, el Servicio de Guardacostas de EU podrá realizar en territorio panameño operaciones marítimas y aéreas antinarcóticos. El acuerdo permite la presencia de militares estadounidenses en suelo panameño sin que esto represente una violación a la soberanía.
El documento fue firmado por el ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, y el encargado de Negocios de Estados Unidos en Panamá, Frederick Becker, y en calidad de testigos estuvieron el canciller José Miguel Alemán, el embajador de Panamá en Washington, Guillermo Ford y otras autoridades.
Por su parte, Marcel Salamín, asesor del ministro de Gobierno y Justicia, y uno de los negociadores de este Arreglo, negó las afirmaciones del catedrático Yao y argumentó que se cuidó "muchísimo" el texto, se compararon ambas versiones y los equipos traductores de ambos países también se reunieron. "El texto fue revisado por el equipo negociador de ambas partes y no tengo la menor duda de que exprese en español lo mismo que en inglés", recalcó.
Precisó que hay dos documentos, uno en español y otro en inglés, y ambos son legítimos. Según Salamín, los textos fueron traducidos por expertos de ambas cancillerías, contrastados minuciosamente y revisados finalmente por los negociadores que dieron su punto de vista final. "Hay dos textos y no hay manera de que alguien use su texto para darle una interpretación antojadiza o caprichosa que no esté contemplada en el otro texto", aclaró.
Puntualizó que cualquier dificultad cada equipo la mira desde el punto de vista de su propia traducción, e inclusive se aportaron los términos con sus propias significaciones. "Si hubiese alguna dificultad de interpretación de algunas de las partes, siempre está previsto un mecanismo para que se pongan de acuerdo y si la interpretación fuera tan desproporcionalmente distinta se acaba el acuerdo", sentenció.
Advirtió que durante todos estos meses ha tenido que enfrentar una cantidad de aseveraciones que no corresponden a la realidad y que el tratado le da a EU derecho universal para intervenir o entrar en aguas panameñas. "Estados Unidos no tiene la posibilidad bajo ninguna circunstancia de realizar actividades jurisdiccionales en nuestro territorio, sólo lo puede realizar en operaciones conjuntas donde queda al mando el oficial panameño", anotó.
