La Caja de Seguro Social (CSS) presentó una denuncia penal en el Ministerio Público para que se investigue la presunta alteración de una resolución de la Junta Directiva, en la que se buscaba favorecer el nombramiento de un abogado sin contar con el aval de este organismo.
El caso se remonta al 29 de octubre de 2009, cuando los miembros de la Junta Directiva de la CSS aprobaron la creación de cinco plazas de trabajo para igual número de abogados.
Se trata de una nueva estructura de cargos y de salarios denominada "Asesoría Legal de la Junta Directiva", que tendría entre sus funciones, “revisar las decisiones en torno a sanciones aplicadas a funcionarios”, evitando la injerencia de la administración. En pocas palabras, con este nuevo organismo los juristas de la CSS no serían “juez y parte” en los procesos disciplinarios.
Cada uno de los abogados tendría un salario de B/ 2 mil mensuales y sus decisiones serían independientes de la administración de Guillermo Sáez-Llorens.
No obstante, una de las resoluciones que llegó al despacho de Sáez-Llorens, para que se le diera trámite a las designaciones, se le adicionó un nuevo punto: el nombramiento del “Coordinador de la Coordinación de la Junta Directiva con un salario de B/ 3,500 mensuales”.
Firmas alteradas.
Esto causó “extrañeza” en Sáez-Llorens, máxime cuando la rúbrica de su secretaria - recepcionista, Maruja Trejos, no coincidía con su firma habitual, lo que hizo suponer que se trataba de una alteración de la resolución.
Además, las iniciales de la firma del presidente de la Junta Directiva, Guillermo Puga, presentaba diferencias con la rúbrica normal, según consta en la denuncia.
Por este caso, Trejos rindió una declaración jurada en la que señaló que, posteriormente a los trámites iniciados, “el abogado Rafael A. Candanedo le entregó una segunda versión de la resolución, indicándole que esa era la correcta y que la procediera a tramitar, pues la primera no era válida...”.
Candanedo es la misma persona que fue sugerida para ocupar el cargo de “Coordinador de la Coordinación de asesores de la Junta Directiva”. A su vez, es un abogado con licencia de la CSS.
Junta se defiende.
Guillermo Puga, presidente de la Junta Directiva, negó que exista alteración de documentos, alegando que eso fue lo que se aprobó y advirtió que le hará frente a esta denuncia en las instancias correspondientes.
Atribuyó la denuncia a una actitud “perseguidora” hacia los directivos por parte de Sáez-Llorens.
“Esto es una cacería de brujas, se está tratando de desprestigiar a la Junta Directiva”, expresó Puga, tras señalar que la denuncia obedece a las críticas que han hecho por la posible compra de los corredores con dinero de la CSS.
