La filtración de información confidencial sobre los estudios de factibilidad durante el periodo de prelicitación dentro del proyecto del Puerto de Corozal a favor de un operador portuario destapa un nuevo escándalo alrededor de la polémica obra que aún no ha recibido las propuestas económicas.
Lourdes Castillo, directora de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), durante una comparecencia ante la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional junto a colegas, denunció que esta información fue dada a conocer por el fiscalizador general, Antonio Domínguez, en el 2013, y que cuatro años después en una reunión de los directivos, ella le volvió a preguntar sobre el caso y este le señaló que no había podido finalizar la investigación porque no tuvo acceso a las cuentas bancarias.
"Como junta directiva tenemos la responsabilidad de atender el caso y, sobre todo, me siento preocupada porque una fuga de información de este tipo es grave", expresó.
Castillo solicitó la suspensión del proyecto hasta que se aclare el caso, se conserve la transparencia, se hagan nuevos estudios, ya que estos están contaminados, y se escuche a la comunidad.
No obstante, el ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, explicó que la junta directiva analizará el caso y el proceso de la licitación que se declaró desierta porque las cuatro empresas precalificadoras no entregaron las propuestas económicas.
Cuestionamientos
La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, cuestionó por qué el fiscalizador no puso una denuncia ante el Ministerio Público.
"Si él tenía información de que hubo transferencia de dinero a través de correo electrónico debió dar a conocer de esta situación al MP", señaló.
El ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy, señaló que el fiscalizador Domínguez es funcionario autónomo, por lo que la junta directiva no puede decirle qué hacer, además que es el único que puede responder por qué no acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia.
Por su parte, el diputado perredista Crispiano Adames indicó que la denuncia presentada por Castillo es grave y que debe ser investigada, ya sea por la ACP y, sobre todo, por las autoridades panameñas.
Aseguró que Rodolfo Sabonge, exvicepresidente de Planificación del Canal de Panamá, fue la persona que filtró la información "al Sr. Urriola", un agente portuario.
"Estamos en tiempo de Odebrecht a nivel mundial, por lo que el fiscalizador debió haber presentado una denuncia ante las autoridades competentes, por lo que le pedimos a la ACP que investigue el caso y que converse con las comunidades que se sienten afectadas y amenazadas por la posible construcción de la obra", argumentó.
En tanto, el subdirector de la ACP, Manuel Benítez, señaló que es grave que se registre una fuga de información en los estudios de factibilidad porque le daría ventaja a la empresa competidora sobre las otras.
Antecedentes
Investigación
En el 2013, el fiscalizador general, Antonio Domínguez, le informó a la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que se filtró información confidencial sobre los estudios de factibilidad durante el periodo de prelicitación dentro del proyecto del Puerto de Corozal, a favor de un operador portuario.
Cuestionamientos
Los diputados miembros de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal cuestionaron por qué el fiscalizador general no interpuso una denuncia ante el Ministerio Público.
Solicitud
Lourdes Castillo solicitó al subdirector de la ACP y el ministro Roberto Roy suspender la licitación del proyecto y que se hagan nuevos estudios.
