Los comisionados María Silvia Guillén, de El Salvador; Jesús Orozco Henríquez, de México, y el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el chileno Felipe González, compartieron la preocupación de los grupos civiles que ayer denunciaron los problemas estructurales de la justicia panameña.
En la sesión no estuvo el secretario ejecutivo de la organización, el argentino Santiago Cantón, pero González, quien no quiso hacer declaraciones tras la audiencia, se mostró preocupado por el "impacto negativo" que puede tener la actual situación en las garantías y derechos humanos de los ciudadanos y preguntó al Gobierno panameño sobre las expectativas que tiene para reiniciar la Mesa de Diálogo.
Denuncias en otro terreno. La Justicia en Panamá se encuentra en una "grave crisis" que sigue agravándose bajo el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli.Como prueba, los "fuertes indicios" de sus interferencias en la selección de jueces y magistrados, el control que ejerce sobre el Ministerio Público, su negativa a comprometerse con el Pacto de Estado por la Justicia y su rechazo a los espacios de diálogo con la sociedad civil.
Esa denuncia fue formulada por las organizaciones civiles en Washington, en una audiencia de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), al que invitaron a enviar una misión a Panamá a evaluar sobre el terreno el sistema de justicia.
Los denunciantes fueron la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo; la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés), Katya Salazar; la coordinadora del área de Rendición de Cuentas y Transparencia de esa organización, Mirte Postema, y el abogado Miguel Antonio Bernal.
En la sesión, la gran ausente fue la procuradora Ana Matilde Gómez, suspendida en su cargo por supuesto abuso de autoridad y que no pudo viajar a Washington, porque la Corte le negó el permiso de salida del país.
Precisamente su suspensión del cargo fue mencionada en la audiencia como uno de los ejemplos de la politización del sistema judicial bajo el gobierno de Martinelli.
La Alianza y DPLF no quisieron profundizar en el caso de Gómez, por considerar que "no es el momento ni el lugar" para hacerlo, pero sí llamaron la atención sobre lo que aseguraron son "indicios muy fuertes de interferencias indebidas" en el proceso de suspensión de la procuradora general.
Salazar destacó la "sorprendente rapidez" con la que se resolvieron, en solamente cinco horas, los recursos interpuestos por Gómez, y el hecho de que recibiera la notificación de su suspensión un viernes, cuando tres días antes ya había sido designado su sustituto.
Este proceso "representa un caso paradigmático" de la actual situación del sistema judicial panameño, con su lentitud y burocratización. "Al menos lleva a pensar o a tener un indicio de que alguna interferencia indebida existe", señaló la directora ejecutiva de la DPLF.
Piden intervención La Alianza y la DPLF quieren que la CIDH pida al Gobierno de Panamá que explique cuándo reinstalará la Mesa de Diálogo para la implementación del Pacto de Estado por la Justicia; que señale cuándo se constituirá la Comisión Interinstitucional para la implementación de la reforma procesal penal; y que indique cuándo se va a debatir la Ley de la Justicia de Paz y la Ley de la Carrera Judicial en la Asamblea Legislativa.
Gobierno se defiende El Gobierno, representado por su embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el abogado Guillermo Cochez, rechazó las acusaciones de ser indiferente ante los problemas de la administración de Justicia, al afirmar que su eficacia "es uno de los asuntos que más preocupan a la presente Administración".
"Somos conscientes de que en los últimos años la Justicia ha sido muy cuestionada a todos los niveles, tal como lo han señalado los representantes de la sociedad civil, quienes quizás se han quedado cortos", señaló Cochez al admitir los defectos del sistema y al pedir cooperación para resolverlos.
No obstante, subrayó que la mayoría de los planteamientos que hicieron la Alianza y DPLF "corresponden a situaciones de arrastre, generadas años atrás y que la nueva Administración (...) está comprometida en solucionar, en conjunto con la sociedad civil organizada".
