La hermana del desaparecido Héctor Gallego, Edilma Gallego, y varios directivos de la Comisión de la Verdad, fueron denunciados ante la Policía Técnica Judicial (PTJ), por presuntamente poseer de forma ilegal restos de la osamenta del dirigente revolucionario Helidoro Portugal.
La acusación fue hecha por Patria Portugal, hija del dirigente revolucionario, quien aseguró que la acusada confesó públicamente que tiene en su poder partes de las osamentas de Portugal.
Según Patria, la falta administrativa radica en que su padre fue enterrado el 28 de agosto de 2000, y que en la Comisión de la Verdad le comunicaron que los restos de su progenitor estaban completos y que ahora resulta que Edilma Gallego y miembros de la Comisión mantengan aún parte del cuerpo del padre.
Aseguró que la inhumación de los restos de su padre fue posible luego que su identidad fue acreditada científicamente mediante pruebas de ADN, realizados por el laboratorio estadounidense ReliaGene Technologies Inc.
La hija de Portugal presentó estas pruebas ante las autoridades de la PTJ para comprobar que su padre ya fue enterrado, y que es irresponsable de las personas acusadas mantener estos restos cuando ya se le dio cristiana sepultura.
El Laboratorio ReliaGene confirmó mediante pruebas de saliva que los restos encontrados en el Motor Pool de Tocumen, el 23 de septiembre de 1999, no correspondían al desaparecido Héctor Gallego y se atribuyeron científicamente a Portugal.
La denunciante consideró que existe sustracción extrajudicial de pruebas por parte de los miembros de la Comisión de la Verdad, ya que ésta entregó su informe final el 18 de abril del año pasado.
Garrido denunció que nuevos invasiones se están produciendo, lo que van en contra de los acuerdos pactados y recordó que el propio viceministro de Gobierno y Justicia , Alejandro Pérez, envió una nota a la gobernadora de la provincia de Darién para definir que sólo trece familias campesinas no indígenas, podían estar dentro de la comarca, sin embargo, posterior al acuerdo han entrado nuevas familias.
Garrido consideró que esas invasiones son azuzadas por otras personas para crear problemas entre latinos, colonos y los indígenas.
Afirmó que la población indígena ha actuado de forma pacífica buscando el diálogo para evitar los enfrentamientos, sin embargo, de parte de los negros y campesinos sí han incurrido en las provocaciones al entrar en las áreas de la comarca a derribar árboles, como ocurrió esta semana.
En tanto, un comunicado del Ministerio de Gobierno y Justicia da a conocer que autoridades mediaron entre unos 80 indígenas armados con machetes y 50 colonos que habitan en la comunidad de Arimae y Emberá Purú, cerca de Santa Fe.
Según las autoridades de Gobierno y Justicia, las tierras en discusión son nacionales, por lo que no pertenecen a ningún grupo en particular, por tanto las unidades de la Policía Nacional se presentaron al área para despejar la vía y hacer valer el derecho a la libre circulación.
Por su lado, la gobernación de la provincia de Darién ordenó el desalojo inmediato de quienes ocupan ilegalmente territorios en las comunidades de Arimae y Emberá Purú, al tiempo que advirtió que queda terminantemente prohibido cualquier intento de invasión, ocupación o utilización en las comunidades citadas.
La gobernación también solicita a Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para que se proceda con la medición de las tierras como se estableció en los acuerdos pactados e invitar a la alcaldía de Chepigana, a los corregidores de Agua Fría y Santa Fe para que con el apoyo de la Policía Nacional se dé cumplimiento a esta resolución.
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