El secretario general de la UNBAT, Marco González, aseguró que los transportistas adquieren mediante financiamiento un vehículo para el transporte público a un costo aproximado de B/.10, 000, pero con el financiamiento su costo real aumenta a B/.23, 000.
Alegó que luego las agencias crediticias quitan los vehículos a los transportistas, los venden en el mismo precio incluyendo el certificado de operación, que es una concesión del Estado.
De acuerdo con González la ley establece que estos vehículos al ser reposeídos deben ser puestos a trabajar hasta que la empresa crediticia recupere su inversión.
Alegó que esta situación se produce con la anuencia de los jueces municipales. Señaló que se cancela la deuda, pero no se le devuelve ni vehículo ni el certificado de operación.
En este caso solicitó que al Ministerio Público que realice una inspección en la Autoridad de Tránsito para ubicar la gran cantidad de autos manejados por las instituciones crediticias y que no pagan sus impuestos.
En ocasiones las placas de taxis se ponen a circular en vehículos que no corresponden al registro de la ATTT.
En otros casos los autos son rematados sin el conocimiento de los afectados y se pagar los impuestos municipales.
Se entregó al Ministerio Público un listado de 100 vehículos en esta situación.
