Una denuncia contra los magistrados del Tribunal Electoral por abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público fue interpuesta ante el Ministerio Público.
La acción legal advierte que los magistrados violaron el numeral 1, del artículo 387, del Código Electoral, al negarles el derecho a los 26 candidatos de Cambio Democrático (entre principales y suplentes) a postularse y ser elegidos como miembros del Parlamento Centroamericano.
A través de dos Resoluciones, la de 14 de abril del 2009 y 30 de marzo del 2009, el Tribunal Electoral coartó la libertad del sufragio, sostuvo el denunciante, Luis Quintero Poveda.
La demanda se sustenta en la sentencia emitida por el pleno de la Corte Suprema el 16 de noviembre de 2009, que calificó de inconstitucional la Resolución 30 de marzo dictada por el organismo electoral.
Otras de las normas violadas son el artículo 385, 388, 392 y 396 del Código Electoral y el artículo 138 de la Carta Magna.
El denunciante solicita que tanto la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, como el secretario Rigoberto González, se declaren impedidos para atender este proceso, basados en el artículo 760 del Código Judicial.
