Una denuncia que involucra a los ministros de la Presidencia y de Gobierno, Ivonne Young y Arnulfo Escalona Avila, respectivamente, en manejos irregulares por la suma B/.309,000 en arreglos a la casa presidencial de Punta Mala fue presentada ante el Ministerio Público por el secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro.
En su denuncia Montenegro solicita al procurador José Antonio Sossa que investigue las acciones de Escalona, cuando fungió como director del Fondo de Inversión Social (FIS), por el uso indebido de fondos públicos, así como también por la desviación de fondos de esa institución para uso en la residencia de Punta Mala.
De acuerdo con la denuncia, en la remodelación de la casa de Punta Mala, financiada por el FIS, que alcanzó la suma de B/.309,824, y en la remodelación de un edificio en Pedasí, por la suma de B/.10,643, se dieron manejos irregulares.
En la documentación entregada al Ministerio Público se establece que ambos proyectos fueron diseñados, inspeccionados y decorados por Héctor Saavedra, quien actuó como subcontratista de la Compañía Handyman Corporation, beneficiaria del contrato.
Montenegro también aportó copia de una carta del 30 de agosto del 2002, dirigida a la presidente Mireya Moscoso por el ciudadano Alejandro Valdés Mauad, como constancia de una curiosa relación entre los bancos Bancafé y Banco Trasatlántico, que financiaron el proyecto, y los ciudadanos Arnulfo Escalona, Jacobo Haski, Gisela de Palermo, Dalvis Xiomara Sánchez, Ivonne Young y Bolívar Pariente, contra quienes se hacen una serie de señalamientos.
Entre las pruebas solicitadas por Montenegro en su denuncia se encuentra la declaración jurada del ministro de Relaciones Exteriores Harmodio Arias, quien, según el denunciante, realizó tres pagos de B/.26,000 por la limpieza de alfombras a algunas compañías con fondos públicos.
Además señala que en el proyector de remodelación de Punta Mala no se siguieron las normas de obligatorio acatamiento para las entidades públicas, establecidas en la Ley 56 de 1995 y el Decreto Ejecutivo No. 18 de 1996, pues en el proyecto se invirtieron cuantiosos fondos públicos, por lo que se ameritaba la celebración de actos públicos o su exoneración mediante resolución de Gabinete.
