El Estado panameño fue denunciado internacionalmente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, por la violación al derecho a la intimidad, a la libertad de expresión y las garantías judiciales en perjuicio de Santander Tristán Donoso.
El afectado señaló que los abogados del país deben luchar por el "estado de derecho" y que hay que asumir las consecuencias y las responsabilidades, pero hay que hacerlo de forma seria, enfatizó.
Tristán Donoso dijo que la denuncia presentada el 5 de julio es contra el Estado panameño, sin embargo, el causante de la misma es el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa.
De acuerdo con el denunciante, en julio de 1996 el procurador de la Nación ordenó grabar una conversación que sostenía con su cliente, Adel Sayed, quien estaba detenido en una cárcel colonense acusado del delito de lavado de dinero.
Tristán Donoso detalló que esa conversación fue revelada por el procurador, primero ante cinco representantes del Colegio de Abogados y luego remitió la transcripción de la conversación al arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño.
El abogado afirmó que tomó la decisión de interponer la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, luego de hacerlo ante la Procuraduría de la Administración en marzo del 99.
Según Tristán Donoso, la demanda busca que este caso sirva como una contribución para que en este país no exista la impunidad y que los panameños presten mayor atención hacia la necesidad de que haya un estado de derecho en el país y que exista confianza en los tribunales de justicia.
Afirmó que de haber existido en Panamá un Tribunal Constitucional no hubiese tenido que recurrir a la CIDH.
Como prueba de la denuncia presentada, el jurista afirma que un total de cinco abogados y el propio Fiscal Electoral testimoniaron que la divulgación fue realizada en el propio despacho del procurador y que la entonces jefa de Relaciones Públicas, Dalma de Duque, admitió que transcribió el casete contentivo de la grabación y lo remitió al jefe de la Iglesia católica de Panamá, monseñor Dimas Cedeño.
Posteriormente, el denunciante en una conferencia de prensa informa sobre la actuación del procurador, a lo que el procurador respondió presentando una querella en contra del demandante.
