De los diputados que conforman la subcomisión que se encargará de valorar la investigación contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada, dos son objeto de críticas por posible parcialidad.
A la diputada por la libre postulación y exprocuradora de la nación Ana Matilde Gómez se le cuestiona que tenga interés, tanto por su caso de separación del cargo, en el año 2010, como por la restitución de sus derechos para ejercer cargos públicos.
En la primera ocasión, Moncada fue uno de los magistrados que votó a favor de que Gómez fuera removida del cargo.
Por otra parte, la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez, en varias ocasiones ha expresado declaraciones en referencia al magistrado.
En 2012, durante el impulso de un proyecto de ley por parte de Moncada, Rodríguez expresó críticas y aseguró, como consta en video de medios de comunicación, estamos pensando en meterle otra querella penal.
Según el abogado Sidney Sittón, quien se notificó ayer ante la Asamblea Nacional como defensor de Moncada, es absurdo que quienes tienen interés en el resultado de este proceso sean juezas de garantía.
En el caso de Rodríguez, Sittón advirtió que lo ha adversado, refiriéndose a su cliente.
Agregó que estas incongruencias se darán a conocer ante la Asamblea, porque se supone que un juez de garantías debe salvaguardar.
Consideró como otro error el que se haya creado una subcomisión para el caso, cuando la Constitución Política establece que los magistrados son juzgados por el pleno de la Asamblea.
Nosotros vamos a presentar acciones y recursos nacionales e internacionales, adelantó el abogado, quien aseguró que se está violando el debido proceso.
En las redes sociales, además, surgen críticas por la elección de Pedro Miguel González como fiscal en esta investigación.
Se cuestiona que el diputado fue solicitado a juicio por Estados Unidos, que le atribuyó ser el presunto autor del crimen contra el soldado Zak Hernández, a principios de los 90.
Durante la admisión de la denuncia que presentó el Colegio Nacional de Abogados contra el magistrado, el diputado Mario Miller solicitó que las diputadas Gómez y Rodríguez se declaren impedidas y consideró que se trata de un proceso viciado, sin embargo, el abogado Ernesto Cedeño explicó que las causales de impedimento por las cuales un magistrado o juez no debe conocer una causa están establecidas en el artículo 760 del Código Judicial.
A juicio de Cedeño, Gómez no tiene por qué ser inhabilitada. En el caso de la diputada Rodríguez, dijo, se debe probar la causal, de lo contrario no puede pedir que se declare impedida.
El hecho de que Ana Matilde Gómez haya sido juzgada otrora por la Corte, a mi juicio, no la inhabilita, sostuvo.
El artículo 760 del Código Judicial, en el numeral 15, establece como causal de inhabilitación la enemistad manifiesta entre el juez o magistrado y una de las partes.
