Denuncian penalmente al director de la CSS

La Compañía Nacional de Seguros (CoNASE) está dispuesta a llevar su diferendo con el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované, hasta las últimas consecuencias, razón por la cual interpuso, a través de sus apoderados legales, dos denuncias penales contra el máximo representante de la entidad de seguridad social.
Las querellas, presentadas en la Procuraduría de la Nación por la firma Rubio, Alvarez, Solís y Delgado, alegan la presunta comisión, por parte de Jované, de los delitos contra la administración pública en perjuicio de la CSS y CoNASE.
En el primero de los casos, la imputación del delito involucra, además, a Carlos Francisco Pérez Lagomasino, quien actuó como abogado de la CSS en la disputa legal que esta entidad enfrentó con CoNASE por la fianza que estuvo de por medio en la construcción del hospital de Aguadulce.
Ambos, Pérez Lagomasino y Jované son acusados por “peculado, corrupción de funcionario público y cualquier otro delito cometido en perjuicio de la Caja de Seguro Social”.
Y tal situación, de acuerdo con la firma legal, se produjo y es constatable a través de una nota que la CSS envió al tribunal encargado del proceso arbitral creado para dilucidar el conflicto de la fianza donde se detalla el costo de los honorarios profesionales de Pérez Lagomasino durante el proceso entre CoNASE y la CSS.
Copia de la factura No. 15-01 de 30 de agosto de 2001 por la suma de B/. 1 millón 330 mil 538 con 52 centésimos se adjunta a la nota, que en aquella ocasión fue presentada al tribunal arbitral.
En el sustento de la querella, y de acuerdo a CoNASE , el abogado de la CSS en el proceso podría ser funcionario de esa entidad, basado en que, de acuerdo con el propio Juan Jované, sus oficinas están en el tercer piso del edificio Los Mosqueteros de la Transístmica, una de las sedes administrativas de la institución.
“Si ésta fuese la situación, el solo acto de cobrar por actos comprendidos entre sus atribuciones como funcionario público, realizado en tiempos durante el cual se le paga un salario, causa lesión patrimonial a la institución para la cual trabaja y riñe con la moral y honestidad de los actos de la administración pública”, manifiestan los abogados de CoNASE.
Sustentan que aun cuando Pérez Lagomasino no fuera funcionario de la entidad y se hubiese producido algún tipo de contratación de servicios para el caso CoNASE-CSS, lo actuado fue violatorio a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas que establece los parámetros para las contrataciones, específicamente, cuando el monto supera los B/. 500 mil.
Y “en efecto, con el otorgamiento de poder por parte del director de la CSS y la presentación de la factura 15-01 de 30 de agosto de 2001 se perfeccionó la contratación de servicios por B/. 1,330,538.52”, exponen los abogados y añaden que con lo actuado se dio una “clara lesión patrimonial contra la CSS con la anuencia de Jované”.
Para el caso de la segunda querella, la firma Rubio, Alvarez, Solís y Abrego, que hizo llegar copia de su demanda a El Panamá América, insiste en que Jované ha actuado de manera arbitraria, pasando por alto los resultados de una demanda arbitral que dio favor a la compañía aseguradora.
En un intento por conocer el punto de vista de Jované en torno a las demandas El Panamá América trató de contactarlo vía telefónica, sin embargo, no hubo respuesta a los mensajes dejados en su teléfono celular.