Luis López, miembro del grupo de trabajo de conservación y pesca de CONAMAR, denunció con fotografías en mano la forma en que el barco atunero, que pescaba en aguas panameñas con licencia de la Autoridad Marítima de Panamá, ocasionó la muerte de varios ejemplares de esta especie.
“Ya la sutileza de que si tienen o no las embarcaciones banderas panameñas, se queda pequeña, puesto que todas son extranjeras”, denunció López a El Panamá América.
Agregó que estas embarcaciones practican la denominada pesca de cerco, es decir, que una vez tirada una red se captura todas aquellas especies que hay en una determinada área, en la que la embarcación atunera recoge especies que no necesitan para llevar a cabo el proceso de industrialización.
Este concepto de la pesca de red es el más peligro, porque todo lo que se recoge a través de este sistema se va, incluyendo aquellas especies que no tienen valor comercial alguno, destacó.
"A partir de allí fuimos escalando poco a poco hasta que logramos persuadir a la persona que nos atendió de que teníamos en la línea a Chávez", agregó el locutor.
Jerónimo Salazar, dirigente de la comunidad, departía un almuerzo con arroz, tajadas fritas y jamonilla en su choza, cuando manifestó que ellos aceptan que saquen la madera de sus bosques a cambio de obras porque la "necesidad nos obliga a hacerlo".
"La necesidad nos obliga a hacerlo aunque sabemos que no ganamos mucho", señaló el dirigente de la comunidad emberá de 80 familias .
Reconoció que a través de esos permisos comunitarios se malgastan sus recursos naturales, pero reiteró que tienen que hacerlo por necesidad debido a que el Gobierno no les "da nada".
"Si el Gobierno viniera a ayudarnos no tendríamos que negociar nuestra madera", aseguró el indígena .”Pedimos ayuda al legislador del circuito Sergio Tócamo, para reconstruir las viviendas, pero sólo envío 18 hojas de zinc”.
La empresa paga nueve centésimos por cada pie cúbico de madera extraído, de los cuales siete son para la comunidad y dos para los dirigentes del Congreso General Indígena, según explicó Salazar. Rattán Singh, abogado y financista de origen indostán, es el intermediario de la empresa Maderas de Nuevo Vigía, que extrae madera de esa población.
Singh confirmó que por la extracción de 200 mil pie cúbicos de madera este año, la empresa pagó B/. 10 mil a los indígenas, dinero que debe ser utilizado por los dirigentes para construir las cien viviendas en esa población. El dinero es depositado en una cuenta del Banco Nacional de Panamá.
Precisó que queda pendiente un saldo de B/.3 mil, de los cuales hay que restar algunos adelantos de dinero que pidieron los indígenas durante la ejecución del proyecto.
También dijo que a petición de las autoridades se ha retenido la suma de dos centésuimos por cada pie cúbico de madera extraída para garantizar el programa de reforestación en el sector.
Destacó que debido a las irregularidades del pasado, ahora se ha convenido que madera sacada madera pagada en efectivo a los indígenas para que ellos se encarguen de realizar las obras sociales con esos recursos.
Indicó que el contrato por tres años con la comunidad de Nuevo Vigía incluye la extracción de dos millones de pies cúbicos de madera.
De acuerdo con el intermediario como el permiso comenzó a funcionar tarde, en marzo, no pudieron obtener los 800 mil pies cúbicos de madera estimados para este verano, por lo que la empresa casi no ha obtenido ganancias este año.
Singh manifestó que tratará de cambiar la mala imagen que tienen los madereros del lugar que no cumplen lo que prometen a los indígenas.
Negó que los madereros extraigan más madera de la pactada ya que los propios indígenas tienen sus medidores especializados y la empresa los suyos. A orillas del Chucunaque se encuentra Peñita, una comunidad indígena de 157 familias.
Aquí hay una concesión para extraer 3 millones de pie cúbicos de madera: Le prometieron a la comunidad un desembolso de 5 mil balboas para reparar la carretera y la construcción de 100 viviendas.
La madera extraída de esta comunidad se encuentra en la entrada de Peñita en Canclón, pero las obras no se ven, dijo un morador de la comunidad.
Aquí la población vive en la pobreza y la desnutrición afecta seriamente a los niños, aseguró la maestra del pueblo.
Presuntamente el concesionario de la madera en este poblado es el señor Juan Varela, un empresario que vive en Tortí, dijeron residentes de la comunidad.
En otra comunidad indígena, en Bajo Chiquito, a orillas del Chucunaque, se repite el mismo drama de los otros pueblos, la madera ya ha sido extraída y hay quejas de la comunidad de que las obras sociales no se han realizado.
En esta comunidad el señor Juan Varela tiene la concesión para extraer la madera. La comunidad espera el pago de B/.10 mil para construir las obras sociales.
El Panamá América visitó la residencia de Juan Varela en Tortí, pero su esposa dijo que estaba en Panamá. También se dejaron varios mensajes en el celular, pero no respondió.
La ANAM, a través del Ing. Gutiérrez, confirmó que el año pasado la comunidad de Bajo Chiquito fue multada con B/.5 mil por no cumplir con el programa de reforestación.
Explicó que en los permisos comunitarios la responsabilidad de la reforestación recae en la comunidad porque a los intermediarios no se les incluye en esas tareas dentro de los contratos que se firman.
La comunidad de Tortuga tiene permiso comunitario y allí extrae madera la empresa Selloro S.A.; y en el poblado de Puente la empresa del señor Julio León Solís tiene otro contrato, según informo William Barrigon, administrador General del Congreso de la Comarca Emberá.
En Nuevo Vigía el contrato es con la empresa Madera Nuevo Vigía, cuyo representante legal es Rattán Singh, agregó.
Informó que en Villa Caleta se tramitó un permiso comunitario, pero éste no salió a tiempo para extraer madera en el pasado verano.
El Ing. Raúl Gutiérrez, lamentó que los aborígenes no hayan aprovechado el objetivo de esas autorizaciones, que era que ellos se inmiscuyerán en el aprovechamiento forestal de sus bosques.
"Pero estos indígenas qué es lo quieren.. quieren recibir dinero de manera cómoda y contratan una empresa para que extraigan la madera", lamentó Gutiérrez.
Otro problema es que los indígenas no son buenos en gestión comunitaria y no saben administrar el dinero, dijo.
Señaló que la ANAM ha planteado a los indígenas que vendan la madera con valor agregado, en bloques, tablas, aserradas para que ganen más, pero que sean ellos los que la trabajen.
"Ellos no quieren trabajar lamentablemente, quieren trabajar arriba del tractor", sostuvo Gutiérrez. Por otro lado, el Ing. Forestal Dimas Arcia manifestó que es posible acercar los permisos comunitarios a la realidad, siempre y cuando la autoridad defina una política concreta y clara sobre un programa de bosques comunitarios en la región.
Denunció que los permisos comunitarios como están concebidos, tienen sus contradicciones porque aunque las comunidades se pueden adaptar a los bosques, no están preparadas forestalmente para manejarlos.
Manifestó que está situación complica la supervisión y control de la ANAM, permitiendo irregularidades durante el proceso porque no se logra ni la sostenibilidad del bosque ni el desarrollo de las comunidades.
