Un recurso de desacato contra la directora de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Bertilda García, y el Contralor Alvin Weeden fue presentada ayer por el representante legal de la empresa Ports Engineering and Consultans Corp., cuatelada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) por supuesto incumplimiento en el contrato para el mantenimiento de boyas y faros en el Canal de Panamá.
El recurso presentado por el abogado Carlos Carrillo sostiene que la AMP y la Contraloría están violando una serie de disposiciones impuestas por la Corte Suprema de Justicia.
Según Carrillo, Weeden violó el debido proceso, luego que el día 9 de octubre de 2003, fuera de hora de labores, funcionarios de la Contraloría comparecieron e irrumpieron en las instalaciones de la empresa.
Alegó que esta irrupción se realizó de forma violenta y tomando posesión de la administración de la empresa y hasta la fecha, sin que exista una orden correspondiente de autoridad competente, los funcionarios públicos se mantienen allí violando la propiedad privada.
También explicó que a fin de proteger la inversión privada solicitó se ordene a la Contraloría cumplir con la suspensión emitida por la Corte.
Alegó que los actos realizados por la Contraloría impiden el cumplimiento de la orden emanada de la máxima corporación de justicia.
Al menos cuatro procuradores de la Administración habrían dado su voto favorable al contrato de concesión y contratación directa del servicio de mantenimiento de faros y boyas a los puertos de la AMP, otorgados a la empresa Ports Engineering and Consultans, Corp, por el exdirector de la entidad, Hugo Torrijos.
Según el ex magistrado Eligio Salas, abogado del dirigente perredista, la procuradora Alma Montenegro de Fletcher y los ex procuradores Donatilo Ballesteros, Aura Feraud y Olmedo Sanjur, opininaron que el contrato de concesión es legal y que no violenta disposiciones legales sobre contrataciones públicas.
La aseveración del representante legal de Torrijos surgen luego de la cautelación de bienes de su cliente y de la empresa en mención, por presuntamente incurrir en el delito de lesión patrimonial tras retener unos 6 millones de balboas que debieron ser reportados a la AMP.
En la vista de la procuradora Montenegro de Fletcher, con numeración C-200 del 22 de julio de 1997, sostiene que luego de hacer un análisis detallado, la Autoridad Portuaria está facultada para otorgar este tipo de concesiones y no encontró ninguna irregularidad en su emisión.
Mientras que en la vista C-8 de 2000, la procuradora concluyó que mientras el contrato esté vigente y no sean suspendidos sus efectos o declarados ilegal por la Corte Suprema, se presume la validez, esto al referirse a la consulta de pago por tarifas de mantenimiento.
Sin embargo, el contralor Alvin Weeden ya ha explicado que la medida cautelar es por la irregularidad en la prestación del servicio y no por la ilegalidad del contrato.
Especificó que el refrendo de varios cheques girados a favor de la empresa, se dio por error, porque contradice su posición de ilegalidad del contrato de concesión y que estos documentos también tienen parte de los elementos que se señalan como responsabilidad patrimonial.
Según Weeden, estos ingresos corresponden a puertos donde la empresa Ports Engineering and Consultans, Corp., no prestó el servicio o lo hizo de forma irregular.
Por esta razón, el Contralor dijo que el concesionario no tenía derecho de apropiarse de esos recursos.
Los constituyentes además de establecer una nueva Carta Magna, dictaron leyes, nombraron y despidieron funcionarios, dirigieron las relaciones internacionales e incluso eligieron a un nuevo Presidente de la República, cargo que recayó en Enrique A. Jiménez, quien reemplazó a Ricardo Adolfo De La Guardia.
Los constituyente se autoeligieron como Asamblea Nacional, reemplazando a los diputados de esa época, sin ser electos en votación popular.
Luego que se autoproclamaron legisladores, los constituyentes pretendieron extender su período a cuatro años más y entraron en pugna con el mandatario Enrique A Jiménez, a quien intentaron derrocarlo.
La situación originó un levantamiento popular y la opinión pública, se volcó a favor del Presidente Jiménez, quien disolvió la Constituyente.
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