El constitucionalista Miguel Antonio Bernal calificó ayer como "una puñalada trapera" y un golpe al derecho ciudadano, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó un recurso de hábeas data contra el contralor Alvin Weeden, en que se solicitaba la declaración patrimonial del legislador Enrique Garrido, aduciendo que esta información es confidencial.
Mientras, el exmagistrado de la Corte, Edgardo Molino Mola, precisó que este tipo de información no debe suministrarse si antes no existe una investigación o un delito comprobado cometido por el funcionario. El magistrado presidente Adán Arnulfo Arjona fue el único que salvó su voto, señalando que al tener que permanecer la declaración jurada en el Protocolo del Notario, la intención es que el público pueda tener acceso a la misma. Señaló Bernal que esta "puñalada trapera" deja plasmado el daño mortal que significa el rechazo a la solicitud presentada y confirma las aprensiones que había en muchos sectores de la ciudadanía de que la aprobación de esta ley (de Transparencia) era solamente un engaño más.
"Han asesinado la ley con premeditación y alevosía, porque ahora cualquier acción similar a ésta que se interponga, ellos considerarán que ya se han pronunciado y la seguirán rechazando", destacó. Indicó que con el fallo no solamente le meten una patada a la ley "llamada prematuramente Ley de Transparencia", sino que le niegan el derecho a la información que debe tener cualquier ciudadano, cuando en una verdadera república no hay nada que ocultar y mucho menos cuando se trata de bienes patrimoniales o personales que hayan sido adquiridos con dineros resultado del pago de impuestos de los ciudadanos, precisó.
Esas interpretaciones, enfatizó, ponen en evidencia que no hay la menor intención de permitir el ejercicio ciudadano del derecho a la información con el auxilio de la ley. Por su parte, el exmagistrado de la Corte, Edgardo Molino Mola, precisó que normalmente este tipo de información que se pide como la del legislador Garrido, se pueda solicitar en caso de que exista alguna acción penal en contra del legislador, "porque hay un principio como lo es el derecho a la intimidad".
"A mí no me parece que si una persona no está siendo acusada de ninguna defraudación pública de bienes patrimoniales y no tiene ninguna asociación, que alegremente cualquier particular pida los bienes de cualquier funcionario, a saldo de qué", dijo.
Enfatizó que sin que hubiera un delito de por medio le parece que eso no debe ser una cosa que pueda festinarse y que cualquiera lo solicite por querer saber qué tiene una persona y qué no tiene. Esto, dijo, iría en contra del derecho a la intimidad y rompe la inviolabilidad de los derechos que tiene una persona de sus cosas privadas, "porque el funcionario público también tiene una vida personal y privada".
La revisión gratuita se inició en 1985 y desde esa fecha se ha revisado a más de un millón de personas, entre las que se han detectado más de 160,000 lesiones sospechosas, incluyendo aproximadamente 15,550 melanomas sospechosos.
Adicionalmente, se incluye una capacitación a los docentes, que les permita orientar a los estudiantes en el uso correcto de este recurso tecnológico. Este programa de inversiones se debe ejecutar en un período de dos años.
Para la instalación de computadoras se ha establecido entre los requerimientos técnicos y de infraestructura: espacio físico, seguridad (verjas, puertas y techos), capacitación de los docentes y energía eléctrica en los centros educativos.
Actualmente existen en el país 37 Infoplazas, o sea, centros comunitarios que proveen un medio de acceso a internet y a otros recursos de información a la población, entre éstos, a estudiantes.
Galileo Solís, director de la Fundación Infoplazas, reveló que el rechazo del presupuesto general del Estado para el 2002 en la Asamblea Legislativa, ha limitado los recursos para abrir más centros comunitarios de este tipo en el país.
Señaló que la meta del programa era de llegar a 70 Infoplazas este año, pero por el recorte de los recursos económicos no se llegará a esa cantidad. Indicó que este año han logrado abrir cuatro centros en el país debido a recortes en otros gastos que ha realizado la SENACYT. Solís dijo que en lo que va del año sólo han abierto cuatro Infoplazas.
Estadísticas de la SENACYT revelan que en lo que va del año, unos 57,823 usuarios han visitado las Infoplazas ubicadas en el país, siendo la mayoría de los visitantes estudiantes y profesores.
Cada Infoplaza representa una inversión de B/. 50 mil, los cuales son aportados por la Fundación Infoplazas y por el asociado. La Fundación Infoplazas aporta seis computadoras, un servidor de red, una impresora a colores, el cableado estructurado y 10 cubículos.
Mientras que el asociado aporta cuatro computadoras, el salario del personal administrador (mínimo dos personas), local adecuado con aire acondicionado, seguridad y accesibilidad y un escritorio con 11 sillas.
