El Gobierno Nacional está poniendo obstáculos para hacer efectivo el pago de la indemnización a los ex funcionarios que fueron destituidos por la Ley 25, manifestó ayer un portavoz de los afectados. "Panamá está atrasada y sigue dando excusas baladíes para no pagar, como solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de que se la pasó el tiempo de pago, que le mande los nombres de las 270 víctimas y nuestra cédula", dijo Fernando Del Río Gaona, víctima en el caso 11.325 Baena, Ricardo y Otros, que fueron afectados por la Ley 25 de 1990.
Del Río Gaona indicó que ahora el Ministerio de Economía les está pidiendo que les den fotocopias de la cédula, porque algunas de las que tienen en su poder "están equivocadas". A su juicio, esa petición es "simplemente para atrasar el pago, y además, también ahora dicen que tienen que pedir permiso a la Asamblea Legislativa para conseguir la partida de los ochocientos diez mil dólares, que tiene que repartirse entre las 270 víctimas". "Consideramos que estas son excusas para no pagar a tiempo y alargando el sufrimiento que tenemos las víctimas", puntualizó Del Río Gaona.
Agregó que inclusive todavía hay funcionarios de Gobierno que los siguen calificando de golpistas, y se dedican a mandar comunicados a la prensa donde dicen que fueron acusados de atentar contra la seguridad del Estado. "Inclusive dentro de las autoridades jurídicas panameñas se dictaminó que nunca existió el golpe de Estado, y nunca hubo autores materiales y menos secundarios", subrayó Del Río Gaona.
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