Esta opinión de la Mesa de Migrantes y Refugiados obedece al hecho de que aún permanecen más de 800 colombianos como protegidos humanitarios sin poder movilizarse, en Darién.
Desde hace 8 a 10 años a estas personas no se les ha otorgado un estatuto migratorio.
Al conmemorarse ayer el Día del Refugiado, se explicó que 200 personas no fueron admitidas en la Comisión de Eligibilidad, representando un 80% de la población solicitante de refugio.
Fernando Wing de Justicia y Paz dijo que las autoridades alegan falta de pruebas, pero no comprenden que hay personas que huyen del conflicto armado en Colombia y que tienen que salir de su país "casi sin nada".
Un total de 947 personas son reconocidas como refugiados en Panamá. De estos 347 son colombianos.
En tanto, Modaldo Tuñon presidente de CoSPAE señaló que este informe es muy valioso para el futuro de Panamá. "El resultado del informe revela que estamos muy lejos de lo que necesitamos para poder competir en la región".
Un ex PTJ, de nombre Celestino, fue destituido al declararse confeso, y el inspector Ramírez recibió una medida cautelar de impedimento de salida del país. Dos años después fue ascendido a rango de inspector I.
En la PTJ nadie puede explicar el por qué fue ascendido a pesar de la gravedad de su situación dentro de la entidad.
Varios de sus compañeros, al igual que él enfrentan procesos por actos de corrupción por la pérdida de evidencias y alteración de documentos donde está de por medio un arma de fuego.
Esta vez Ramírez confesó haber sacado y transportado en un taxi, cuatro armas calibre 12; cuatro AK-47; ocho pistolas y nueve revólveres.
El inspector Luis Alberto Ramírez podría enfrentar de 5 a 7 años por la venta de armas; 30 a 6 meses de prisión por hurto calificado y de 1 a 4 años por la sustracción de las armas de fuego.
En el apartamento 2-36 de Avenida Ancón se encontraron armas sin permiso, otras con serie limada, 1 fusil T-65, piezas de armas y municiones embaladas.