La Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (COPODEHUPA), denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, Costa Rica, la represión y detención efectuada el pasado martes, contra un grupo de ex trabajadores de gobierno destituidos por la Ley 25, que protestaban exigiendo al gobierno panameño que haga efectivo el pago por daños morales a que tienen derecho.
Una carta enviada el pasado 3 de julio, al juez presidente de la CIDH, Antonio A. Cancado Trindade, y firmada por el presidente de COPODEHUPA, padre Conrado Sanjur, y víctimas de la Ley 25, solicita "medidas provisionales" a favor de estos panameños, identificados como "Caso 11.325 Baena Ricardo y Otros". La misiva añade que las medidas son necesarias porque el Estado panameño "ha reprimido y detenido" a víctimas de la Ley 25, sólo por exigir el pago de los tres mil balboas por daños morales ante lo cual el Estado panameño "está en desacato".
El documento informa que entre los detenidos están Luis Batista, quien fuera testigo en el juicio, Andrés Bermúdez; un señor de 70 años y que sufre una enfermedad incurable; Ernesto Romero de 65 años y otros". "Reiteramos urgentemente que la Corte tome las medidas necesarias para resolver esta situación", concluye diciendo la carta de COPODEHUPA.
Una nota de respuesta de la CIDH, con fecha de 4 de julio, y firmada por el secretario de este organismo, Manuel E. Ventura Robles, destaca tener conocimiento de la represión y detención de ex trabajadores panameños y revela que la CIDH ha enviado una comunicación escrita formal al respecto al Estado de Panamá.
