El secretario general del Frente Nacional contra la Corrupción, Enrique Montenegro, denunció ayer que el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría, aportó más B/.181 mil, a través de tarjetas de crédito, para beneficiar políticamente a varios candidatos a legislador.
Montenegro denunció la existencia de tres cheques a nombre de un banco de la localidad por B/.49 mil, B/.93 mil y B/.39 mil, que supuestamente corresponden al pago de tarjetas de créditos para estos candidatos, los cuales fueron tramitados por el MEF y la Contraloría.
Indicó que los cheques fueron expedidos entre septiembre y octubre del año pasado, cuando el Tribunal Electoral se disponía a iniciar el proceso electoral.
Anunció que el próximo jueves, interpondrá ante el Ministerio Público una querella por presuntos malos manejos de fondos públicos.
En la querella, sostuvo Montenegro, se va a pedir que se investigue si el pago de estos B/.181 mil estaban a nombre de Carlos Afú, Augusto García, José Blandón, Carlos Alvarado, Manuel De La Hoz, Jorge Alberto Rosas, Haydée Milanés de Lay, Osman Gómez, Arcelio Batista y Olivia de Pomares.
A juicio de Montenegro, en la investigación se va a demostrar la forma "escandalosa" como se manejaron los fondos públicos durante el proceso electoral.
Afirmó, además, que mantiene pruebas de "evidentes" violaciones al Código Electoral en Darién, Colón, Las Tablas, Chitré, Los Santos, Santiago, David, Arraiján y en Panamá en los circuitos 8-8, 8-9, 8-7 y 8-6, donde se entregaron bonos certificados, efectivo, contratos, materiales de construcción y becas, todos estos autorizados por la Contraloría.
"Lo que queremos es que la ciudadanía sepa que el Gobierno ha repartido dinero como confeti a los candidatos a legisladores del gobierno y a algunos del PRD", afirmó.
Aseveró que entre partidas secretas, partidas circuitales que sí se están dando en las Juntas Comunales y las Alcaldías, el Gobierno aportó cifras millonarias.
Denunció también la existencia de cheques pagados por la Alcaldía de Gualaca, para beneficiar políticamente al legislador Carlos Alvarado. Según Montenegro, el legislador Alvarado hizo uso de fondos públicos e incluso pagó dinero en efectivo a algunos votantes.
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