El caso CEMIS es sólo una excusa para encubrir el escándalo del soborno para la ratificación de dos magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo la legisladora Teresita Yániz de Arias en el marco de la presentación de un documento de la Comisión Política del Partido Popular (PP), donde denuncia la falta de independencia y de credibilidad de la justicia.
El Partido Popular plantea que la decisión de la CSJ de archivar el caso del CEMIS constituye una violación del estado de derecho y de la seguridad jurídica y además una vergüenza que sean precisamente los encargados de guardar la integridad de la Constitución y demostrar independencia en sus funciones, quienes hayan decidido archivar el caso y subordinando el Organo Judicial a la Asamblea Legislativa.
La opinión se sustenta en que la decisión de la CSJ de archivar el caso se fundamentó en la resolución aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa que recomendó archivar el caso CEMIS.
Al respecto, el colectivo opositor destaca que esa decisión no tiene fundamento jurídico, pues la Constitución Nacional le prohíbe a la Asamblea Legislativa inmiscuirse por medio de resoluciones que son de privativa competencia de los otros órganos del Estado.
El PP plantea que lo acontecido refuerza la tesis ciudadana de que la inmunidad mal utilizada por algunos legisladores es un instrumento para la impunidad y que la mayoría de los magistrados de la CSJ está al servicio del Ejecutivo.
Agrega que la nefasta decisión le niega al pueblo panameño su derecho a conocer la verdad al quedar sin deslindar graves acusaciones y hechos punibles que incriminan en actos de corrupción a altos funcionarios, entre éstos a un legislador que públicamente se confesó culpable de cometer un delito y que a su vez fue acusado de recibir soborno para votar a favor de la ratificación de dos magistrados a la CSJ.
