El dueño de la empresa Diversiones y Entretenimientos de Panamá S.A. (DEPSA), Rafael Acosta Alvarado, presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra la Junta de Control de Juegos (JCJ) por la forma "violenta y dramática" en que se efectuó el decomiso de las máquinas electrónicas tipo C en distintos establecimientos del país.
De acuerdo con Acosta el pasado viernes 19 de mayo, funcionarios de la JCJ, junto a miembros de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y la Policía Nacional, se apersonaron en horas de la noche a distintos establecimientos nocturnos de la capital y el interior del país, y decomisaron las máquinas de su empresa "sin ningún tipo de documento legal que les autorizara".
"En muchos lugares empezaron a cargar las máquinas y dejaron documentación de las máquinas que se estaban llevando, en otros lugares ni eso hicieron", añadió el empresario.
El pasado 28 de marzo del presente año la empresa fue notificada sobre la Resolución No.54 del 27 del mismo mes, la cual en su resuelto primero "ordena cancelar a la sociedad Diversiones y Entretenimientos de Panamá S.A. la operación de 510 máquinas electrónicas tipo C.
Ante la resolución, Acosta indicó que presentó un recurso de reconsideración con apelación en subsidio y que fue debidamente sustentado el 6 de abril de este año dentro del términos legales.
El 15 de mayo, mediante resolución No.124, el secretario ejecutivo de la Junta de Control de Juegos, Vitelio Ortega, resolvió mantener en todas sus partes la Resolución 54, ante lo cual Acosta interpuso un recurso de apelación, que según indicó, "debe decidirse en pleno de todos sus miembros".
Según el empresario "dicho recurso de apelación suspende todas las resoluciones emitidas por el director de Hipódromos y otros juegos de azar, por lo tanto, las acciones llevadas a cabo por los inspectores de la JCJ y miembros de la Policía Nacional, es totalmente ilegal, arbitraria y dictatorial.
Acosta explicó que existía un arreglo de pago mediante el cual JCJ suspendía las máquinas tipo C y que funcionarios de esa misma institución les comunicaron "que no pagáramos más nada hasta que esa resolución no fuera resuelta".
Agregó que ningún funcionario de su empresa se encontraba presente al momento del decomiso y que no se les notificó hasta la mañana de ayer cuando se les pidió que se acercaran a las oficinas de la JCJ con las llaves de las máquinas para abrirlas, algo que según dijo no va a hacer.
Agregó que es cierto que su empresa tiene una morosidad que según la JCJ es de 230 mil balboas, pero que de acuerdo con su empresa asciende a 180 mil.
Sobre la diferencia en la cantidad adeudada afirmó que se debe "por el recargo o por la forma como ellos llevan sus libros, nosotros tenemos bien documentados nuestros pagos y la cantidad de máquinas que tenemos en operación".
Consternado el empresario señaló que fueron decomisadas al menos 510 máquinas, con un valor aproximado de 4 mil balboas cada una, pero que no sólo es el valor económico sino también moral y físico de la empresa ya que le han al verse incapacitada de pagarle a sus empleados, quienes deberán ser despedidos en los próximos 7 u 8 días.
Acosta, quien es ciudadano norteamericano, advirtió que se dirigirá a distintas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo la embajada de Los Estados Unidos para presentar el caso.
El dueño de DEPSA se mostró asombrado de que el decomiso se haya efectuado en ausencia de la presidenta de la República, Mireya Moscoso.
Algo "sospechoso" ya que según indicó "el 90% de los miembros de la JCJ pertenecen al régimen pasado".
Al ser cuestionado si contaba con alguna prueba de esto, Acosta advirtió que "no han cambiado a nadie, sólo a unas 10 ó 15 personas en estos instantes".
