Los miembros de Asistencia Legal Alterantiva (ALAP) presentarán hoy una denuncia penal contra los agentes de la Policía Nacional involucrados en la muerte de la menor Aida Chirimía, de 13 años de edad, ocurrida el pasado 15 de julio, al tiempo que un amparo de garantías constitucionales fue interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar se levanten las medidas de restricción de movimiento impuesta a los pobladores de Biroquerá.
Jacinto González, vocero de ALAP, aseguró que la denuncia será presentada ante la personería de La Palma, Darién, con la intención que se determine si la muerte de la menor fue accidental o si existió algún tipo de negligencia en el manejo del arma por parte de los agentes policiales.
Afirmó que la Policía está presionando a los residentes de Biroquerá para que no presenten sus denuncias sobre la presencia de las trincheras dentro de los poblados y de las restricciones de movimiento impuesta a los residentes.
Explicó que la Policía impide el libre movimiento de los pobladores para ejecutar sus labores de pesca y caza.
Agregó que ante esta situación se presentó un amparo de garantías ante la Corte Suprema para que esta corporación de justicia se pronuncie por las violaciones de los derechos humanos cometidas por los agentes policiales.
En tanto, Melanio Upigano, miembro del Consejo General Uaunán, sostuvo que las unidades policiales de servicio en la región tienen temor a los grupos insurgentes que operan en la región y que éstos deben sacar sus trincheras a puntos más estratégicos.
Indicó que los miembros de la Policía instalaron sus puestos dentro de las comunidades sin autorización de la Autoridad Indígena y que durante su estancia han cometido una serie de violaciones a los derechos humanos.
Alegó que la Policía nunca suministró los informes de necropsia de la muerte de la menor y que hasta ahora desconocen la suerte corrida por los agentes policiales que se encontraban de ser- vicio en la trinchera en donde ocurrió la tragedia.
