Depuran la PTJ

EL Departamento de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Técnica Judicial (PTJ) recomendó la destitución de cuatro funcionarios tras demostrar que incurrieron en faltas graves, reveló ayer el jefe de la oficina, Gregorio Villarreal.
El mes pasado, la DRP concluyó un total de 16 expedientes, de los cuales se solicitó destituciones en al menos tres de ellos. Entre los que está el caso del funcionario que realizó una declaración de renta a la esposa de Alberto Viteri, detenido por su supuesta vinculación en lavado de activos.
Villarreal informó al Panamá América que en el caso del funcionario antes mencionado se confirmó que hubo dolo, por lo que el expediente fue remitido a la fiscalía correspondiente. Este detective manifestó a los investigadores que realizó este hecho porque era la forma de llevar el pan a su casa.
A otro detective se le destituyó tras mantener en su poder un arma de fuego que no estaba registrada a su nombre, por lo que confirmó Villarreal, envió copias a la esfera penal correspondiente a fin de verificar la procedencia de esta arma.
"Se trataba de una falta administrativa, por lo que la DRP solicitó la destitución del funcionario", reveló Villarreal.
Un caso más grave se dio en los laboratorios de Criminalística, donde un funcionario certificó unos análisis de alcoholemia que no se ajustaron a la verdad, pero no se demostró dolo pues estos detectives no buscaban beneficios económicos.
El jefe de la DRP confirmó que hubo una clara negligencia en la función de sus funciones, "pues se certificó algo que no se ajustaba a los resultados, y en este caso se ha solicitado la destitución de los funcionarios, pero está por resolverse ante la dirección general".
La DRP, así como el Departamento de Auditoría Interna de la PTJ, realizará una serie de diligencias de inspección a partir de la otra semana en agencias y divisiones para determinar si los procedimientos penales se están llevando dentro de los términos o si se está incurriendo en algún tipo de anomalías.
El funcionario destacó que se trata de depurar lo más que se pueda la entidad y, además, monitorear el trabajo que hacen los funcionarios de la PTJ.