En las últimas tres semanas, se han registrado diariamente diferentes cierres de calles por parte de agrupaciones que aseguran pelear por sus derechos, e ignoran que en esa lucha afectan los derechos de los demás.
Jubilados, técnicos de la Salud, administrativos de la Caja de Seguro Social, funcionarios del Hospital San Miguel Arcángel y personas afectadas por falta de agua o por la instalación de una antena de telefonía celular no han tenido reparo en cerrar importantes arterias vehiculares de la ciudad, ante la mirada cómplice de los encargados de mantener el orden público.
La crisis en las calles se agudiza con las construcciones simultáneas que adelanta el Ministerio de Obras Públicas, aunque el ministro Benjamín Colamarco asegura alegremente que "las molestias pasan y las obras quedan".
Curiosamente, el Gobierno nacional siempre llega a entendimiento con los protestantes, después de afectar por un periodo determinado la libre circulación en la ciudad.
Como consecuencia de esta crisis, la actividad comercial pierde millones de balboas y en el sector salud se pierden miles de citas médicas.
Para el ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Guillermo Villarreal, el Gobierno está mandando un mensaje "nefasto" a la ciudadanía de que todo se logra a través de cierre de calles. " Esto es inadmisible", dijo.
En cuanto a las pérdidas en la economía, consideró que los costos añadidos por estos cierres no se pueden cuantificar, pero que se tratan de pérdidas importantes.
