Negros que no pueden entrar en discotecas, y una mujer acusada de hurto a quien le abrieron hasta la toalla sanitaria para requisarla, figuran entre las quejas atendidas por el Ombudsman, quien parece el receptáculo de un aluvión de querellas por violaciones de derechos humanos.
Todos esos excesos han sido protagonizados por autoridades gubernamentales de todo calibre, y la Defensoría del Pueblo ha optado por hacerlas públicas en el espacio que ocupa en Internet.
Que se sepa, ninguno de los denunciados ha sido castigado por ello, pero la queja está a la espera de una acción. Mientras ello ocurre, son las protestas y las denuncias morales, las que de alguna manera hacen un amago de justicia. "Si no se queja, no se queje", es la consigna que muchos panameños han decidido validar....quejándose.
Gumercinda Espino denuncia que la Caja de Ahorros viola sus derechos humanos, Quintín Mojica y Eleuterio Rodríguez figuran en una queja de Miguel Quirós contra Reforma Agraria de Veraguas, mientras que Sixto Molina se quejó cuando se le impidió operar los ojos en el Seguro Social, porque no había con qué.
Todos esos y muchos otros casos, quedaron oficialmente consignados en resoluciones emitidas por un funcionario estatal, como lo es el Defensor del Pueblo, en repulsa de otras autoridades estatales, a quienes recayeron sendas condenas morales, en unos casos, y señalamientos de "funcionario hostil y entorpecedor", en otros.
Casi nadie se salvó. El Ombudsman emitió sanciones morales contra funcionarios que van desde el presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, hasta la directora de una escuela en la barriada 9 de enero de San Miguelito, pasando también, por ministros, corregidores, alcaldes, y en fin, toda una gama de funcionarios públicos.
Una de las denuncias que mayormente llaman la atención, es aquella referente a la sanción moral por incumplir un pacto internacional contra el racismo, anatematizada sobre "el Estado panameño, cuyo titular es el Señor Presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares", como dice la resolución fechada el 2 de diciembre de 1998.
La denuncia surge cuando el ciudadano Rafael Carles (Comisionado de la CLICAC) presenta una "queja" en representación de la Sociedad Amigos del Museo Afro-Antillano de Panamá contra los ministerios de Comercio e Industrias (MICI) y Relaciones Exteriores, así como contra la Alcaldía de Panamá.
¿La razón de esa querella? Por la "supuesta violación de sus derechos humanos en lo referente a la dificultad de acceso a centros nocturnos y restaurantes, a personas en razón de su raza, en particular de los establecimientos comerciales como Rock Café, La Costillita y La Cascada".
El representante de CLICAC indicaba en la queja que la institución en la que trabaja carece de facultad legal para intervenir en el caso, por lo que remitía la misma al Ombudsman, quien a su vez, indaga a las otras instancias arriba mencionadas, para llegar a una conclusión: ninguna de ellas podía atender el caso.
Pero como existen disposiciones internacionales con las que se deplora la discriminación racial, y el Estado panameño debió asumirlas, pero no lo hizo como debía, la condena moral sobrevino y fue nada menos que al presidente de la república a quien recayó el señalamiento como titular del Estado.
El Defensor del Pueblo resolvió entonces, "Declarar que el Estado Panameño, cuyo actual titular es el Señor Presidente de la República de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, ha violado los Derechos Humanos, al no establecer las garantías judiciales y administrativas para sancionar la discriminación racial".
Al menos 70 resoluciones, fechadas entre marzo de 1998 y enero de 1999, fueron hechas públicas por la Defensoría del Pueblo. Todas ellas incluyen alguna sanción moral por violación de derechos humanos, o condena por ser hostil y entorpecedor contra medio centenar de funcionarios del actual gobierno.
El empleado público a quien recayó el mayor número de denuncias es el director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, José Ismael Herrera, quien contabiliza un total de seis. Le siguen la directora de la Caja del Seguro Social (CSS), Marianela Morales, con cinco, y el ministro de Obras Públicas (MOP), Luis Blanco, con igual número.
Figuran también en la vitrina de los acusados, el exministro de Gobierno y Justicia, Raúl Montenegro, Raúl Hernández, titular del MICI, Aida de Rivera, de Salud y Francisco Sánchez, quien lo era en Vivienda. Un por entonces viceministro, también aparece en la lista: Martín Torrijos, en su función de ministro encargado de Gobierno y Justicia.
No se salvaron el entonces director del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), Fernando Aramburú Porras; Nicolás Ardito Barletta, administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI); Gustavo Pérez, subcontralor general; Mayín Correa, alcaldesa de Panamá, ni Elida Díaz directora del IDAAN.
Quien cree que la Asamblea sujeta el monopolio de robos internos, no sabe lo que ocurrió en la Contraloría, donde hasta una toalla sanitaria revisaron para hallar algo hurtado. Y aunque aparentemente no apareció lo perdido, sí se materializó una denuncia contra funcionarios de la Contraloría por violar derechos humanos.
Fue un día de febrero del año pasado, cuando la subdirectora de Control Fiscal, Dalixa Castillo, quedó como víctima de un "hurto" que le causó la pérdida de su cartera marca "Samsonitte" de ochenta balboas (con más que ésta cantidad adentro), por lo que se ordenó a los funcionarios de la oficina no abandonarla (a la oficina).
Pues bien, resulta que tras una indagación del Ombusdsman, el subcontralor general de la República, Gustavo Pérez, respondió que cuando se dio el hurto en la oficina, permanecían allí Odalys Martínez y un trabajador manual. De paso, Pérez justificó ciertas acciones de interrogar, fundamentándolas en lo que supuestamente faculta la ley.
Pero el Ombudsman no opinó igual, pues sostiene que se violó el derecho humano de Odalys, porque se vulneró el principio de la presunción de inocencia, pues ella se vio sometida a "interrogatorios" en los que le exigían que "confesara" el sitio donde presuntamente mantenía escondido el botín.
Por todo ello, y algo más, el Ombusdsman llegó a sancionar "moralmente al subcontralor Gustavo Pérez, así como a Alexander Duarte, jefe de seguridad de la misma institución, pues de acuerdo a la resolución, se violaron los derechos humanos de la empleada pública quejosa.
El asunto llegó a tal punto que se le llegó a requisar todas sus pertenencias, se le ordenó el despojo de sus vestimentas en el baño para que fuese revisada por una compañera de trabajo frente a la víctima del hurto, y hasta se le llegó a "abrir una toalla sanitaria" con el mismo propósito.
Una de las denuncias recayó sobre un funcionario que no investigó la condición de presunta enfermedad mental de un agresor. Resulta que la ciudadana Mirna de Rudas presentó una queja de violación de sus derechos humanos contra el corregidor de José Domingo Espinar en San Miguelito.
Todo comenzó con una pugna que fue a dar en una fianza de paz y buena conducta entre una señora de nombre María de Ortega y el señor Anselmo Rudas. La fianza fue quebrantada unos meses después por Rudas, por lo que tras la respectiva denuncia se le castigó con el respectivo pago acordado.
¿Donde está el problema? Al parecer Rudas sufre algún tipo de "problemas mentales" y ello fue, a juicio del Ombudsman, motivo de denuncia. De esta manera, resolvió "sancionar moralmente" al corregidor por "no investigar" que Rudas sufría algún trastorno mental y se limitó "sólo a sancionarlo".
En la CSS también se violaron derechos humanos porque antes de decidir, se desconocía si había con qué ejecutar. Aquí no se trata de enfermos mentales, sino de un afectado en los ojos, por un lado, y no se trata de una sanción, sino de una decisión de enviar a operar, sin contar con los equipos necesarios.
Sixto Molina fue la víctima. El fue citado para practicársele una operación en el ojo izquierdo, por lo que estuvo hospitalizado durante poco más de una semana, pero "la operación se suspendió" en dos oportunidades debido a que faltaba equipo para efectuarla. Luego se aprobó la devolución de su dinero, pero no obtuvo de vuelta una parte de él.
Habría que habilitar una especie de "Aleph", como el que Borges hizo llevar hasta el vértigo al mismo Borges, para resumir toda la gama de violaciones a los derechos humanos que registran tantas personas en el país.
El gobierno nacional, representado por Ernesto Pérez Balladares, fue sancionado moralmente por "iniciar un proceso apresurado de desalojo con amenazas e intimidación en contra de los habitantes del Barrio de San Felipe del Casco viejo", y también por habitantes de Colón quienes se quejan por la no implementación de la Ley de Puerto Libre.
Una condena moral recayó sobre el director del Tránsito porque en Veraguas se daban irregularidades con el otorgamiento de certificados de operación para el tránsito selectivo, y la señora Rosa Elvira de León Estrada denunció al Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) porque no le dieron su descuento de jubilada.
Esta señora también denunció a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) porque según ella "no se cumple con el etiquetado de los productos, sobretodo en las instrucciones de los medicamentos, que no están escritos en idioma español, además del alto costo que presentan al público".
El Alcalde de Chorrera, Erick Almaza, fue denunciado, sancionado moralmente y hasta declarado funcionario hostil y entorpecedor, después que el ciudadano Cleovis Madrid Ledezma alegara que "sus vecinos hacen demasiado ruido con sus equipos de sonido y no lo dejan dormir".
Todos los anteriores fueron condenador por el Defensor del Pueblo como violadores de derechos humanos.
El director de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), Nicolás Ardito Barletta, también fue sancionado moralmente por no haber realizado las gestiones necesarias para que una propiedad fuera traspasada al Patronato del Parque Natural Metropolitano, a pesar de las constantes peticiones realizadas.
En esta resolución el Defensor del Pueblo advierte que la ARI no está ofreciendo la protección ecológica que señala la ley a los bienes revertidos, debido a que está perjudicando al Patronato del Parque Natural Metropolitano, en su lucha por administrar y conservar un área natural dentro de la Ciudad de Panamá.
Gladys Alberta Harris se queja contra el departamento de Pensiones de la CSS pues considera que se le violan los derechos humanos cuando se le suspende la pensión por viudez; otra denuncia contra la misma institución se da porque a los pacientes infectados con SIDA no se les suministran medicamentos necesarios para el tratamiento.
La señora María Eugenia Gerbaud de Guardia denuncia al ministro de Obras Públicas, Luis Blanco, porque viola los derechos humanos en lo referente a la extracción de piedras y arenas del Río Pacora, lo que afecta sus estrutcuras y contamina las aguas. Ella, en otra resolución denuncia al ministro de Comercio Industria, Raúl Hernández, por permitir a varias empresas dañar ecológicamente al Río Pacora.
Se intensifica el "Aleph": Diógenes Miranda demanda al MOP porque ICA daña su terreno; Theodoro James denuncia también al MOP porque su equipo pesado daña carretera en Sorá; Digsia Gutiérrez denuncia al Ministerio de Educación porque el director de un primer ciclo no le permite situar el Kiosco "Liannet".
Juan Palacios denuncia al Departamento de Tránsito porque los autobuses especiales cobran 60 centavos, y se detienen en las paradas haciendo a personas viajar de pie; Héctor Santamaría dice tener 11 años de conducir taxi y no ha sido beneficiado con certificado de operación por lo cual denuncia a la Dirección de Tránsito.
Santiago Gómez se queja porque no admiten a la niña Yarkelis en la escuela pues se aduce que el salón está saturado; Concepción Solorzano denuncia al IDAAN por la prestación deficiente del suministro de agua en Quebrada Bonita de Colón, y el señor.......en fin, las quejas abundan.
Todos los funcionarios denunciados fueron, en su momento, también sancionados como violadores de derechos humanos
Las quejas reflejan que, de alguna manera, los afectados necesitan ser escuchados en lo que, sin duda consideran su derecho, y aunque al parecer a muchos funcionarios posiblemente ni se dan por enterados de haber violado la ley cuando, por ejemplo no responden peticiones (omisión que es un delito), la ciudadanía insiste en pelear.
Quizás por ello al menos dos de las denuncias se buscaron a alguien quien sabe de peleas y así lo ha demostrado en el popular programa "Lo Mejor del Boxeo". En dos de las tantas resoluciones emitidas por el Ombudsman, figura el nombre de Juan Carlos Tapia, a quien personas confirieron una especie de poder para que denunciara a nombre de ellos.
El primero de los casos es una queja presentada por la señora Leonora Aguirre contra el Municipio de La Chorrera, "por intermedio del periodista Juan Carlos Tapia", por violación de los derechos humanos en lo referente a la mala administración que se da a la Piscina Municipal del distrito de La Chorrera.
La segunda de las quejas se refiere a los salarios. Juan Carlos Tapia, en representación de una fuente anónima se quejó contra la Lotería Nacional de Beneficencia por violación de derechos humanos en lo referente a que algunos funcionarios de ésta institución "no reciben un incremento en su salario" desde 1986.
Y lean, asalariados de la Capital, lo que el Ombusdman resolvió: "Declarar que la Defensoría del Pueblo considera que mantener en estos tiempos salarios inferiores a trescientos balboas (B/.300.00) en la ciudad capital, constituye un acto violatorio de los Derechos Humanos.....".
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