El presidente del Comité Panameño de los Derechos Humanos (CPDH), Manuel Cupas, aseguró que la situación ocurrida con la ciudadana nicaragüense María Del Carmen Coronado debe ser sometida a investigación para determinar si existió algún tipo de violación a sus derechos humanos.
Cupas aseguró que toda persona que se encuentre legal o ilegalmente en el país tiene derecho a la asistencia de un abogado para que la defienda, y desconoce la situación surgida con la ciudadana nicaragüense.
Explicó que correspondía a la propia Dirección de Migración establecer si la situación migratoria era legal y que no se puede mantener una posición de silencio a todas luces violatorias de los derechos humanos de las personas afectadas.
Detalló que si Coronado se encontraba ilegalmente en el país estaba sujeta a deportación, pero aun así tenía derecho a la asistencia legal y que las autoridades estaban en la obligación de aclarar la situación originada con ella.
Planteó que los convenios internacionales suscritos por Panamá y la propia legislación nacional estipulan que toda persona tiene derecho a la asistencia de un abogado para que su procesamiento sea apegado a la ley.
Fuentes no oficiales revelaron que Coronado fue deportada en la noche del martes hacia su país de origen, pero esta información no fue confirmada por ninguna autoridad de la Dirección de Migración.
Coronado escenificó un incidente con funcionarios de la Dirección de Migración que evitaron que ésta diera declaraciones a una televisora local que conoció su situación e intentó establecer si su retención en esas instalaciones era legal o no.
La ciudadana nicaragüense denunció que su deportación se produjo, tras decidir terminar su relación laboral con el director de Migración, Erick Singares, en cuya residencia había laborado por espacio de dos años.
No obstante, aún esta situación no ha podido ser confirmada por ninguna autoridad competente, para verificar si existió algún tipo de violación a sus derechos humanos.
