La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, dijo en Panamá que la atención a los derechos fundamentales no son un obstáculo a la seguridad pública, informó hoy la oficina regional de la entidad de la ONU.
"Los derechos humanos no deben ser vistos como un obstáculo a la seguridad pública, sino como parte integral de cualquier estrategia para el abordaje del crimen y la violencia", afirmó la representante de la ONU, según un comunicado divulgado hoy por la oficina regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Panamá (OACNUDH).
Kyung-wha Kang, que este miércoles concluyó una corta visita a Panamá, criticó las políticas de "línea dura" adoptadas en materia de seguridad por algunos países porque son, expresó, "un fracaso".
Recomendó, por el contrario, la prevención y, dijo, "una especial atención a las causas profundas que provocan la violencia, en un dialogo que incluya a todos los sectores".
Recordó que el tema se aborda en el reciente Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo de UNICEF y OACNUDH.
Kyung-wha Kang se reunió en Panamá con altas autoridades de los tres poderes del Estado, la Defensoría del Pueblo, representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil.
La alta funcionaria de la ONU destacó en estos encuentros la importancia del Examen Periódico Universal (EPU) de Panamá, en noviembre próximo, en el que el Consejo de Derechos Humanos de la Organziación de Naciones Unidas analizará la situación de los derechos humanos en el país.
Kyung-wha Kang también se refirió a los hechos de violencia de julio en Bocas del Toro (occidente de Panamá), en las protestas contra la polémica Ley 30, que dejaron dos muertos y más de cien heridos, en su mayoría por perdigonazos de la policía que causaron lesiones oculares a 67 personas.
Acerca de estos acontecimientos, Kyung-Wha Kang manifestó que la oficina de Derechos Humanos espera que se realicen las investigaciones "prontas e independientes, se identifiquen a los responsables y se le otorgue una adecuada compensación a las víctimas", según la información.
El pasado 11 de julio, la OCNUDH llamó al diálogo al Gobierno y a los protagonistas de estas protestas y deploró los "graves hechos de violencia" registrados en esa provincia del occidente de Panamá.
El sindicato de bananeros de Changuinola, en Bocas de Toro, realizó en julio una huelga contra la Ley 30, conocida como "ley chorizo", que degeneró en enfrentamientos con la Policía.
La Ley 30, tramitada como una modificación a la normativa de aviación comercial, incluye cambios en los códigos Penal, de Justicia y Laboral, y en seis leyes, incluida la orgánica de la Policía, y en el ámbito laboral contempla, entre otros aspectos, la no obligatoriedad de la cuota sindical.
El sindicato bananero levantó la huelga luego de que el Gobierno aceptara suspender temporalmente y revisar tres artículos de esa ley que tocan aspectos laborales, además de crear una comisión de diálogo sobre el tema.