El presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Guevara, se mostró en desacuerdo con la intención de la presidenta Mireya Moscoso, de traspasar las funciones de la Policía Técnica Judicial (PTJ) al Ministerio Público.
Guevara argumentó que a lo largo de los años se ha demostrado que la descentralización y la independencia estatal es lo más favorable para el manejo de la justicia.
Según el abogado, el Ministerio Público "tiene demasiados poderes" como para adjudicarse las funciones de la PTJ, entidad que, aseguró, debe mantenerse independiente y ajena a la injerencia de la Procuraduría.
La razón por la que el presidente del Colegio Nacional de Abogados se opone a la medida, obedece a que el Ministerio Público tiene la facultad legal de ser juez y parte, ya que en un caso determinado investiga y en otro acusa.
Esta dicotomía, de investigar y acusar, está desapareciendo del sistema jurídico internacional, por lo que es "peligroso" que el nuevo gobierno retorne los poderes sobre la Policía Técnica Judicial al Ministerio Público, aseguró Guevara.
También informó que esta posibilidad ha generado una incertidumbre dentro de las filas de los investigadores, ya que en muchas ocasiones, al momento de ordenarse una pesquisa, el fiscal lo que busca es tener un culpable y no encontrar un inculpado.
Esta situación, en la que consideró se encuentran muchos investigadores, se ve "conculcada" con el poder que tiene el Ministerio Público, por lo que reiteró que el Colegio que preside se opondrá rotundamente.
Advirtió que esta posición la mantuvo el gremio durante la discusión de las reformas a la ley que actualmente rige a la PTJ, por lo que ahora no será distinto.
Para evitar esta situación es preciso que las autoridades de la PTJ busquen los mecanismos para establecer una amplia autonomía, al estilo del FBI, y que con ello se convierta en un buró realmente ajeno a lo que tenga que ver con la parte acusatoria, porque de lo contrario sería peligroso que ambas entidades se fusionaran.
Recordó que a principios de la década de los noventa, el ahora procurador José Antonio Sossa aseguró que el Ministerio Público no podía ostentar tantos poderes, pero ahora acoge y aprueba la nueva ley de la PTJ, en la que se le retorna la facultad de destituir por ejemplo al director y al subdirector de esta entidad.
"Yo considero que la cosa no es cuando me conviene a mí, sino cuando verdaderamente le conviene a la administración de justicia, y a ésta no le conviene estar bajo la mirada del Ministerio Público", dijo el litigante.
Una posible reforma a la ley de la PTJ debe hacerse para fortalecer su real y verdadera independencia y que los inspectores, al igual que los directores, no sean sometidos al poder del Ministerio Público, puesto que en las sociedades donde rige el estado de derecho las investigaciones no se manejan a través del poder de cualquier funcionario, especificó.
