El grupo colombiano de ingenieros consultores, Pablo E. Bocarejo, será descalificado del proceso de precalificación donde varias empresas locales e internacionales aspiran a participar en la modernización del transporte público, reveló una fuente de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
La decisión, de acuerdo con la fuente vinculada a la Comisión Evaluadora, será anunciada esta semana por el director de la institución, Angelino Harris, por lo que las amenazas de los transportistas de tomar acciones de fuerza pasan a un segundo plano.
"No es que las autoridades hayan tomado esta decisión por las amenazas, sino que la ley es bien clara en esta materia", aclaró la fuente.
Las Leyes 14 y 34, ambas de Tránsito y Transporte Terrestre, establecen que las únicas empresas que pueden dedicarse a los negocios del transporte son las que están registradas hasta 1993.
Los transportistas señalan a Bocarejo como la persona que elaboró la propuesta para modernizar el sistema de transporte público en la ciudad capital, pero éste negó la versión.
Se ha podido estimar que las organizaciones criminales están pidiendo a terceros, dueños de compañías en quiebra o utilizando personas naturales para que estén al frente de sus negocios ilícitos y obtener los dividendos generados para lavar el dinero de las drogas o de otro tipo de delito cometido por la delincuencia criminal.
Para el actual, fiscal segundo de Drogas José Abel Almengor lo que buscan las investigaciones son a quienes están detrás del blanqueo de capitales recibiendo las utilidades y los destinatarios de los dineros.
Los blancos potenciales del lavado de dinero son las entidades bancarias, cooperativas, casas de remesas, bolsa de valores, cajeros automáticos, empresas en quiebra.
Rosendo Miranda, ex fiscal de drogas de 1995 a 2005, realizó más de 100 conferencias y consultorías en el tema de lavado dinero en Centroamérica a jueces, fiscales, policías y banca.
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