La posición del presidente Ricardo Martinelli fue concisa: “no creo que deba regresar ningún ‘diablo rojo’ a las calles”. Por el contrario, lo que hay que hacer, según dijo, es exigirle a la empresa Mi Bus que haga los correctivos necesarios.
Martinelli apoyó su posición en que el Gobierno ha invertido una enorme cantidad de recursos y dinero, razón por la cual instó a que los panameños le exijan a la empresa que cumpla con el contrato o de lo contrario se multe, pero que no se regrese a los “diablos rojos”.
Para el mandatario, la intervención de los transportistas, en su mayoría compensados, es una propuesta momentánea que evoca caos, muerte y desolación. “Se está dando un monopolio a esta empresa y lo que hay que hacer es que el sistema funcione”, afirmó.
“Diablos rojos” a la calle
La propuesta de Tomasito López, secretario de Defensa del Sindicato Nacional de Transporte Colectivo (Sicotrac), de enviar a circular 250 “diablos rojos” causó malicia en varios sectores oficiales.
El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, quien firmó el contrato 21-10, en calidad de director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), dijo con certeza que permitir el retorno de los “diablos rojos” sería un acuerdo unilateral y al margen de lo que se ha pactado con los transportistas”, sobre todo, cuando la intención es mejorar el servicio de transporte.
Apegado a lo que establece el contrato, Fábrega hizo referencia a las obligaciones contractuales de ofrecerle a la empresa, las vialidades e infraestructuras necesarias para la prestación del servicio.
La cláusula vigésima sexta en los literales c y g del acuerdo, cuyo monto alcanza los 269 millones de dólares, establece que a la entidad contratante se le “garantiza la servidumbre, el derecho de la vía y los derechos de paso y acceso que requiera para cumplir con sus obligaciones”. Además, “implementar los carriles dedicados para buses y cualquier otro vehículo de servicio público”. En ambos casos, acepta que las partes tienen corresponsabilidades que en parte influyen al desmejoramiento del servicio, y que mostrarán, según Fábrega, mejoras cuando se hayan completado las obras viales que realiza el Ministerio de Obras Públicas.
El presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional, Marcos González, tiene de su lado acusaciones contra ciertos dirigentes del Sicotrac que pudieran echar por tierra sus intenciones
“En primer lugar eso no procede, porque ellos (los transportistas) tienen un término de tiempo donde solicitaron su indemnización y hay muchos de ellos que aún no la han presentado. Y en segundo lugar, que es más peligroso, hay concesionarias que se han dedicado a chantajear a los transportistas para pedirles dinero a cambio de incluirlos en la lista de indemnización y eso es ilegal”, declaró González.
Fiscalización
La labor fiscalizadora de la ATTT, a través de los 40 agentes motorizados, será al doble según informaron fuentes de la entidad.
“Se buscará comprobar que la empresa cumpla con la frecuencia horaria, pero además verificar que no haya buses circulando de rutas que ya han sido compensadas”, comentó la fuente.
Pero hasta ayer, durante un recorrido hecho por Panamá América en los sitios de mayor concentración, fue poca la presencia de los inspectores de la ATTT y persistían las incomodidades de los usuarios: largas filas por la demora de los buses para llegar a las paradas y desorientación por la construcción de las paradas. Ambos factores se mantienen como constantes en los usuarios desde el pasado 15 de marzo.
El abogado Ernesto Cedeño enumeró una lista de violaciones legales al contrato de parte de Mi Bus que además están “debilitando la calidad de vida de muchos usuarios; que las empresas privadas e instituciones públicas se vean perjudicadas por las tardanzas de sus colaboradores; que haya gente que anhele la vuelta de los “diablos rojos”; que graviten cuestionamientos hacia el Gobierno y que políticos electoreros utilicen la problemática como principal bastión de lucha y oportunismo.
En ese sentido la alcaldesa Roxana Méndez es del concepto de que en “Panamá la gente critica de vicio. Si haces, críticas, y si no lo haces, también críticas”.
Méndez se refiere a las críticas por la iniciativa que le cuesta al erario municipal unos 250 mil dólares para la puesta en circulación de 50 buses. Mientras, se espera que la empresa privada entregue mañana su alternativa a esta problemática.
