La conveniencia política está asociada al tema de la descentralización municipal, ya que dirigentes de oposición y de Gobierno manifiestan que se usa con este sentido y no como una política de Estado.
Una comisión integrada por representantes de partidos políticos, organizaciones municipales y no gubernamentales analiza este tema, bajo la coordinación del Ministerio de Gobierno, de la cual se espera que se den resultados en los primeros meses del próximo año.
La Ley de Descentralización Municipal fue aprobada a finales del gobierno de Martín Torrijos y suspendida cinco meses después por el actual, aduciendo que los municipios no contaban con la estructura administrativa adecuada para ejecutar los montos millonarios que les serían transferidos.
El representante de corregimiento del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Javier Ortega, consideró que el problema es que el Gobierno entiende la descentralización como una forma de tener fortaleza y control político y no para desarrollar los municipios.
Agregó que al darse el transfuguismo de representantes y alcaldes a Cambio Democrático (CD) ahora al partido gobernante le conviene discutir el asunto, al contar con más autoridades locales.
Al respecto, José Muñoz Molina, representante y diputado de CD, recordó que fue el PRD el que prometió la ley cuando subió al poder y no fue hasta finales de su gobierno que la aprobaron de la noche a la mañana sin hacer la planificación debida porque, al perder las elecciones presidenciales, observaron la cantidad de representantes y alcaldes que habían obtenido y dedujeron qué les convenía.
Muñoz no compartió la decisión de suspender la ley, sino que se elaborara otra norma para establecer un plan piloto en un municipio específico y que se implementara en forma gradual como aconteció con el sistema penal acusatorio.
Por otra parte, Ortega informó que el PRD propondrá que la Ley 106, que se refiere al régimen municipal, sea reformada y que la descentralización sea un complemento de esta norma para que no se creen más suspicacias.
Transparencia.
El representante del PRD espera que el Gobierno defina qué se hará con temas sensitivos como las competencias y financiamiento de los municipios, los impuestos que percibirán y la incorporación de la tasa por la actividad turística.
Según Ortega, es difícil que se pueda cuestionar a una autoridad local por el mal uso de los recursos que se le otorgan, debido a que la recepción de esos fondos está condicionada al control de la Contraloría General de la República.
“Más fácil es para un ministro robar que para un alcalde o representante, ya que ellos tienen contacto directo con los empresarios, lo que se presta para más irregularidades”, enfatizó.
Entre tanto, Muñoz afirmó que no es lo mismo que una junta comunal administre inversiones locales a tener la capacidad de operar millones por otros ingresos, como resultado de la descentralización.
“La Contraloría hace una auditoría del dinero del Programa de Desarrollo Social, ustedes verán lo que está pasando”, indicó.
