Preocupación fue la palabra más usada por diputados y dirigentes de la sociedad civil, al participar en la sesión de consulta del proyecto de ley 234, que busca la descentralización municipal.
La razón de este sentimiento es porque detrás de una buena iniciativa, se esconde la intención de gravar nuevos impuestos que ponen en peligro las viviendas de la población y hasta las tierras de humildes agricultores.
Yakarta Ríos, de la Fundación Consumo Ético, dijo que las personas que no perdieron sus casas por las inundaciones en Juan Díaz y San Miguelito, las van a perder ahora con la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto de ley 234 reforma la Ley 37 de descentralización de la administración pública, que fue aprobada en 2009 y que entró en vigencia en este gobierno.
A juicio de Ríos, el proyecto que se discute en la Asamblea debía derogar el artículo 113 de la Ley 37, que establece que los municipios tendrán la facultad de cobrar tasas sobre el valor de las tierras que están en la circunscripción territorial del distrito.
"Este proyecto está íntimamente relacionado con el cobro de impuestos de bienes e inmuebles", dijo Ríos, al señalar que las personas van a perder sus viviendas.
Iván Picota, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), apoya la posición de Ríos y aseguró que se debe tratar el tema de revalorización antes de aprobar el proyecto 234.
Mientras, su copartidaria y colega Zulay Rodríguez calificó el documento como la ley "quita casa".
Javier Ortega, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, dijo que el proyecto se discutirá en primer debate el próximo lunes, 28 de septiembre.
