Un análisis de la economía panameña destaca que de no alterarse el estilo de crecimiento concentrador y desarticulador de los sectores agropecuario e industrial, el desempleo afectará a unos 225 mil trabajadores y la tasa ascendería al 20% de la fuerza laboral del país.
El estudio conocido como Análisis y Revisión de Políticas de Empleo (ARPE) realizado por el Gobierno Nacional y la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), analiza la situación laboral del istmo.
El ARPE pone de relieve que si no se altera el estilo de desarrollo también aumentaría significativamente el empleo precario en el sector informal y la pobreza no bajará de alrededor del 40% de los hogares panameños.
Sostiene el informe que la política económica, además de la preocupación por los desbalances financieros y el déficit fiscal, debe enfatizar con igual grado de prioridad, el aprovechamiento de los recursos productivos y humanos.
Agrega que para ello se requiere una política de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que alcance al menos el 6% anual y que permita integrar de manera efectiva las actividades productivas agropecuarias e industriales.
Ambas están muy golpeadas por la apertura económica y de ellas dependen las posibilidades ocupacionales e ingresos de gran parte de los pobres del país.
El informe advierte claramente que la economía y sociedad panameña ya no soportan nuevos ajustes empobrecedores.
Destaca que la recuperación cuantitativa y cualitativa en el crecimiento del Producto Interno Bruto sólo se logrará con un mayor esfuerzo de la inversión pública y privada muy superior al registrado en los últimos años, para llevarla en su conjunto del 29.6% del PIB en 1999 a un 35% en el año 2004.
222 El informe insta a la temprana ejecución del presupuesto cada año.
El ARPE plantea que la política de inversión pública debe tener como objetivo una mayor competitividad de la economía y de las empresas; el fomento de la productividad e ingresos de los sectores económicos más rezagados (sector informal y economía campesina e indígena).
Como parte de esta nueva visión de la política económica figuran los siguientes objetivos: la reducción del desempleo en una determinada magnitud; de reducción de la ocupación precaria informal; el aumento de la productividad en las micro y pequeñas empresas y en la economía campesina e indígena; incremento de la productividad en las empresas modernas y mejoras en los salarios.
Para el logro de estos objetivos se debe impulsar una recomposición del gasto público, aumentando paulatinamente el gasto de inversión y racionalizando el gasto corriente, realizar una distribución equitativa de los gastos de inversión entre los objetivos de aumento de la competitividad de la economía y una creciente y efectiva descentralización en la programación y ejecución del gasto.
Es primordial para alcanzar todo esto que exista un compromiso de las instituciones del Estado de iniciar la ejecución del presupuesto a más tardar el primero de enero de cada año.
