Esto es confirmado por informes y auditorías del Ministerio de Educación (MEDUCA), y en ellos se vincula como mayores implicados a los directores de colegios.
Por ejemplo, en Veraguas se estima que el peculado afectó a más de 25 escuelas, debido a que se sustrajeron fondos por el monto de casi B/ 100 mil.
Los documentos explican que en esta región educativa el dinero que debía ser destinado a la compra de alimento, para los estudiantes de escasos recursos, era utilizado por los docentes.
Específicamente, los educadores adquirían alimentos y en lugar de llevarlos a las planteles educativos, los enviaban a sus hogares en esa provincia, para consumo propio.
Por el momento, en Veraguas no se ha llamado a declarar a nadie y los maestros y profesores involucrados se mantienen en sus puestos, a pesar de estas faltas.
En el caso de Coclé, se detectaron irregularidades con los gastos del FECE en la escuela Juan Demóstenes Arosemena, cuya lesión patrimonial ascendió a B/ 1,841.17.
La auditoría señala que no hubo control y registros de inventario.
En ese sentido, la dirección del centro educativo realizó compras de hamburguesas a precios onerosos, con un sobreprecio de B/ 800.00.
Igualmente se pagó viáticos a la ex directora Amarilis Bernal de Morales por B/ 679.17 y la subdirectora Leonidas Cisneros Pérez por B/ 1,162.00, al realizar cotizaciones y compras de implementos de bandas. Sin embargo, las educadoras nunca realizaron estas actividades, ya que quien cotizó y compró fue la maestra Yadira Álvarez.
Además se detectó la falta de implementos de la Banda de Música de esa institución por B/ 543.17, ya que no estaban todos los instrumentos descritos en las facturas.
Panamá América pudo conocer que ambas educadoras permanecen laborando en el sistema educativo, después que fueron implicadas por irregularidades en los fondos.
Hasta el momento MEDUCA investiga a 30 directores por manejos irregulares de fondos.
Números.
Es la cantidad oficial en millones, a la que ascendió el peculado contra los fondos del FECE en San Miguelito.
Es la cifra de funcionarios, empresarios y educadores involucrados en las sustracción de estos dineros.
