Funcionarios de la administración Martinelli han desfilado en los últimos cien días por el Ministerio Público, para denunciar presuntos actos de corrupción del gobierno anterior.
Aunque se trata de una denuncia que hizo Panamá América a principios de 2008, en este período la Procuraduría ordenó la detención del primer ex alto funcionario de la administración Torrijos por presunta corrupción, el ex ministro de Educación, Belgis Castro.
También se abrió una investigación penal contra el ex titular de esta cartera, Salvador Rodríguez, por la supuesta asignación irregular de fondos públicos para remover fibra de vidrio.
El manejo irregular del dinero asignado al programa insignia del gobierno de Torrijos, la Red de Oportunidades fue tal vez la denuncia más importante en la era Martinelli.
Asimismo, se denunció a funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá, el Registro Civil, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección de Pasaportes, por el supuesto delito de tráfico de seres humanos.
El secretario Anticorrupción, Fernando Núñez Fábrega, denunció a Julio Ross, ex administrador de la ARI, y a Eudoro Jaén, ex gerente de la Caja de Ahorros, por presunto peculado por B/ 1.5 millones.
La denuncia se basa en que supuestamente Ross y Jaén "retardaron y obstaculizaron" la compra-venta de un terreno valorado en B/ 1.6 millones a Colon Water Frondt Properties.
Núñez Fábrega también denunció en el Ministerio Público a Eduardo Carrasquilla, actual director administrativo de la Caja de Seguro Social, por supuesto delito contra la administración pública.
Pidió, además, que se investiguen presuntas irregularidades en la Autoridad de Aeronáutica Civil, por el movimiento de aeronaves con combustible del Estado.
También, el ministro de Salud, Franklin Vergara, presentó tres denuncias ante la Procuraduría por irregularidades en el manejo de fondos y el nombramiento de funcionarios que no laboraban en la entidad.
La Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Salud sustentó que estas denuncias son contra la administración pública por pérdida de bienes y funcionarios que no laboraban en la institución, pero que sí recibían el pago.
