El limitado presupuesto del Órgano Judicial y la poca inscripción de los abogados en el Sistema de Gestión Judicial se han convertido en los principales obstáculos para digitalizar el sistema judicial.
El sistema sólo funciona en los Tribunales Marítimos, los cuales trabajan las 24 horas y en la jurisdicción de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor.
Para mediados del próximo año podría estar operando en la jurisdicción Civil y, posteriormente, en la Penal por el Sistema Penal Acusatorio. Luego vendrían las de Trabajo, Niñez y Adolescencia, así como la jurisdicción de la Familia.
La encargada de la Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo Institucional del Órgano Judicial, Grecy Jaén, explicó que no es fácil llevar adelante este proceso, porque hay que contar con recursos económicos, personal capacitado, infraestructuras tecnológicas y no se descartan contrataciones externas.
Hizo un llamado a los abogados que se “resisten al cambio” a que se inscriban en el sistema, que les permitirá notificarse, incluir demandas a nivel nacional e internacional, dar seguimiento a los casos a través de Internet durante los días no hábiles y las 24 horas al día, sin tener que ir físicamente a los juzgados.
Jaén señaló que la modernización se concentrará en la ciudad de Panamá para luego ir hacia el interior del país.
La Corte Suprema presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto de B/ 118 millones para la vigencia fiscal 2011.
De estos, B/ 38.8 millones se destinarían a funcionamiento, B/ 34.2 millones para inversiones y B/ 45 millones para el Sistema Penal Acusatorio.
Primeros pasos.
El primer paso a la sistematización fue la incorporación del Registro Único de Entrada, que capta las demandas que ingresan y las reparte de manera aleatoria, venciendo así una semana que demoraba el proceso, porque antes se tenía que esperar que los jueces se reunieran para que luego el interesado conociera dónde se atendería el caso.
Con la modernización también quedó atrás las famosas balotas que se usaban para seleccionar a los jurados de conciencia, que ahora a través de una herramienta tecnológica se escogen en diferentes instituciones aprobadas por ley.